La violencia no es algo nuevo, ha estado presente desde la existencia misma del ser humano. Hablar de violencia urbana y jóvenes sí que llama entonces a examinar políticas públicas y factores considerados por expertos como multidimensionales y causales, que inciden en algunos Estados, sobre todo en aquellos donde la problemática alcanza niveles muy altos y que obliga a los diversos actores que convergen en los mismos, a ponerse de acuerdo sin demoras para encarar el fenómeno.

La violencia es un problema que se manifiesta y trasciende hasta distintos sectores de la sociedad; siendo lo más perjudicados la población joven, por medio de factores socio económicos que se resumen en falta de oportunidades para su desarrollo; y que en modo alguno, afectan el clima de paz y de convivencia pacífica como una de las garantías de la seguridad humana; la que protege de situaciones y amenazas críticas, a través de procesos que se basan en las fortalezas y aspiraciones de las personas.

Diversos estudios sobre el comportamiento de los animales concluyen en que, el instinto agresivo tiene un carácter de supervivencia; en consecuencia, la agresión imperante entre los mismos no es negativa, sino un instinto necesario por sobrevivir. En consecuencia, en ocasiones se es un tanto desconsiderado con los jóvenes, a quienes se culpa de ser violentos sin analizar los elementos causales que los conlleva a la comisión de hechos de violencia y delincuencia por igual.

Echando una ojeada a cómo se ha comportado violencia en América Latina en los últimos cinco años, en un análisis titulado “Estudio Mundial Sobre El Homicidio”, presentado por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), estimó que, “en (2012), al menos (437,000) personas fueron víctimas de homicidios a nivel global; de los cuales, el 36% se perpetuó en América. El organismo también señala, que durante los últimos 10 años, la región ha sufrido una – epidemia de violencia – , acompañada por el crecimiento y la difusión de los delitos”.

Como antecedentes a este estudio, ya en (2001), en una Publicación hecha por el Banco Mundial sobre “El Crimen y la Violencia en América Latina”, Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman y Norman Loayza; hablando sobre – Crimen y Victimización : Una Perspectiva Económica -, sostuvieron que, “América Latina era reconocida como una de las regiones más violentas del mundo y junto con ello, la utilización de la violencia como forma de resolver conflictos, se había convertido en algo cotidiano en la región…

De igual manera anticiparon que, la importancia de tratar el problema de la juventud en riesgo, derivaba del nivel de violencia que se registraba en el continente; que derivaba también del hecho que la región hasta 2020, tendría el mayor contingente de jóvenes de su historia y que la cohesión social de las sociedades latinoamericanas dependería de la capacidad de integrar a la juventud como actor social central y no marginal…

También indicaron que, la violencia y la victimización juvenil serían sobre todo problemas urbanos, tanto por el grado de urbanización de la región (70%), como por el hecho de que gran parte de la exclusión social regional se estaría desplazado hacia las ciudades”.

Coligiendo con lo anterior y haciendo una breve extrapolación al plano local, en República Dominicana no se visualiza excepción alguna. Un estudio elaborado por la Procuraduría General de la República y la Universidad Iberoamericana (UNIBE) a finales de (2014), denominado “Auto-Percepción de Factores Causales de la Violencia y Delincuencia en Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en la República Dominicana”, indica que, “la falta de empleo y carencia de oportunidades de desarrollo para los adolescentes, son algunos de los factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil; y que a esto se le suma, la ausencia y falta de supervisión por parte de los padres, como factor que favorece el inicio temprano en el uso del alcohol, tabaco y drogas ilegales”.

Pero, Sin necesidad de entenderse como justificación alguna, es digno reconocer el esfuerzo y la articulación del Estado Dominicano en su condición de gestor de políticas públicas, como las enmarcadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Es también oportuno saludar las múltiples iniciativas puestas en marcha por diversos sectores de la vida nacional, de Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), y de entidades ligadas a la Seguridad y Defensa Nacional que trabajan arduamente para encarar el problema. La Policía Nacional de República Dominicana a través de la Dirección Central Antipandillas es un ejemplo de ello.

La Dirección Antipandillas de la Policía Nacional, es una Dirección Central Especializada para la identificación, seguimiento y Control de grupos juveniles que incursionan o se involucran en pandillas, gangas, naciones o “Maras”; último término que se aplica en Estados de Centro América, como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá…

Su misión es producir inteligencia sobre pandillas y naciones, que permitan tomar decisiones para el diseño de una estrategia de manejo de grupos en conflictos con la Ley Penal. La visión de esta Dirección es, ser reconocida en el futuro como un organismo líder en República Dominicana, con conocimiento universal y local, en la investigación y análisis de la problemática de las pandillas; abrazando como objetivo general, reducir a su minina expresión el índice de las actividades delictivas cometidas por Adolescentes y adultos, envueltos en pandillas o naciones, elaborando proyectos y programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil.

Recientemente, el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), llevó a cabo en su sede la VII Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa, titulada: “Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana Aplicadas en América Latina”, en donde se desarrollaron múltiples paneles como: La Importancia de los Observatorios de Seguridad en América Latina; Experiencias Exitosas de Seguridad Ciudadana; y La Educación de los Servidores Públicos como Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana.
También paneles como, la Violencia Urbana y Jóvenes, Reformas Policiales; Mujeres Víctimas de la Violencia; Violencia Armada; Los Sistemas de Emergencias y Seguridad (911); La Inseguridad Ciudadana en América Latina, y Propuestas de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana y Trabajo Conjunto Institucional.

Al igual que “la Seguridad es un asunto de todos”; el problema de la violencia urbana y los jóvenes no solo es responsabilidad del Estado y de los Órganos de prevención y sanción; sino que también es que es responsabilidad de todos y todas.

Enhorabuenas…!.

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