La falta de transparencia con que se maneja el Ayuntamiento Municipal del Primer San Juan Mediterráneo de América, limita las posibilidades de que el colectivo local conozca en detalles el presupuesto y la gestión financiera en general del Gobierno Municipal.

El Ayuntamiento de San Juan de la Maguana olímpicamente incumple todas las normativas de transparencia, existiendo una oscura cortina que impide ver en qué se invierten los dineros de la ciudad.

Extraoficialmente se estima que las arcas municipales reciben entre los doce a quince millones de pesos mensuales, más algunos fondos extraordinarios que suelen lograr desde el Poder Ejecutivo. Calculando el monto global durante los ocho años de la actual Mandataria Municipal, la Señora Hanói Sánchez Paniagua, el estimado ronda los dos mil millones.

Demasiado dinero, sin que exista una fiscalización social, es decir, una ventana para que la municipalidad pueda ver la composición y distribución de los gastos, y si estos son de calidad o responden a un orden de racionalidad, frugalidad y prioridad para el municipio.

Algo fundamental que retrata esa falta de diafanidad es que el cabildo carece de una página Web, -que con diez o veinte dólares puede obtenerla y/o configurarla- donde deberían estar cargadas las informaciones sobre desempeño económico-financiero mes tras mes, para que toda la sociedad pueda auscultarlas. Tampoco el cabildo dispone de un boletín o revista escrita de tirada periódica, donde se ofrezca ese tipo de información.

Mi propuesta es que el Consejo de Regidores, donde hay munícipes muy serios y honorables procedan a crear una Comisión de Veeduría Pública, integrada por líderes y representantes de la sociedad civil y profesionales y personas independientes, sin vinculación de ningún tipo con las autoridades edilicia, pero sí interesados en el bienestar Municipal.

Este organismo sería de gran ayuda, porque cada mes o cada dos meses evacuaría un informe crítico y detallado de la gestión presupuestaria y financiera de esta alcaldía, que recibe millones de pesos, sin que nadie sepa que se hace con todos esos cuartos.

Ocultar las informaciones en las instituciones públicas –como pasa en la Alcaldía que acaudilla la Señora Sánchez Paniagua- constituye un delito, por lo que quienes dirigen el gobierno municipal pudieran ser encausados judicialmente por esta violación.

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