La Defensa Pública como órgano de asistencia jurídico legal del Estado Dominicano para las personas en conflicto con la ley penal que no tengan abogados o carecen de recursos económicos para tener uno de su elección, depende de las asignaciones que les haga el propio Estado Dominicano a través del Presupuesto Nacional. Vale decir que para el presupuesto del año 2015, no se consigna ningún aumento sobre el presupuesto asignado a dicha entidad, lo que nos hace entender que dicha entidad seguirá con las mismas limitaciones económicas y sin poder mejorar el servicio brindado a la ciudadanía.

En la actualidad los recurso económicos asignados a la Defensa Pública de la República Dominicana son insuficientes, ya que debido a esto, ha sido imposible obtener el ingreso de nuevos defensores públicos, trece distritos judiciales que todavía no cuentan con una oficina de defensa pública, por lo que, ante la imposibilidad de abrir nuevas oficinas y reforzar las existentes, se ha afectado gravemente a los ciudadanos que requieren este apreciado servicio. De igual modo, ante esta penosa situación, no se ha podido mejorar las condiciones de infraestructuras de las oficinas abiertas ni tampoco mejorar las condiciones laborales del personal existente.

La partida presupuestaria asignada a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), no permite alcanzar el número de defensores públicos que se necesita a nivel nacional, de modo que, pueda brindar el servicio jurídico-legal de manera adecuada, en ese mismo sentido, esto ha conllevado una aumento de la carga laboral sobre los defensores públicos existentes, una radical disminución de la calidad de vida, tras 4 años sin aumento salarial, pese a los incrementos del costo de la canasta familiar. Es preciso señalar que las exigencias del servicio jurídico-legal coloca a los defensores públicos desde el inicio de la persecución hasta el cumplimiento definitivo de las sentencias, debiendo mantener contacto permanente y continuo con los imputados puestos a su cargo, sin importar que los mismos se encuentren presos en cárceles distantes a su jurisdicción, lo que los obliga a trasladarse a otras provincias.

De igual modo, deben dar seguimiento a la calidad de vida de los detenidos, reposando en sus hombros asegurar que la protección y respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad sean respetados.

Este servicio jurídico-legal gratuito se exige que se rinda con eficiencia y calidad, por lo que, la sobrecarga de entrada de casos asignados a este reducido número de defensores públicos existentes, arriesga al colapso de una de las Instituciones Jurídicas Estatales, cuyo manejo y servicio han beneficiado por once años al Sistema de Justicia Penal Dominicano, otorgándole el equilibrio necesario para que podamos hablar de un debido proceso, dando a los investigados y juzgados la oportunidad de presentar una posición activa en el proceso, defendiéndose de las acusaciones promovidas en su contra y presentando las pruebas que puedan ayudar sus casos.

No obstante, la precaria situación económica presupuestaria asignada, la Defensa Pública de la República Dominicana ha ganado el reconocimiento internacional, pues a pesar de ser una de las más jóvenes de Latinoamérica, ha logrado niveles de eficiencia, eficacia y efectividad soñados por la mayoría de las defensas públicas de los países hermanos.

Se precisa ante este reconocimiento internacional, que los Poderes Legislativos y Ejecutivos hagan conciencia sobre la importancia de fortalecer, mantener y dignificar la labor que realiza la Defensa Pública Dominicana para que se siga garantizando una justicia accesible, oportuna y gratuita para todo aquel señalado como presunto autor o cómplice de crímenes o delitos, y puedan contar con una institución que procura un juicio justo, en el que puedan ser oídos en condiciones de igualdad y representado por defensores públicos preparados para enfrentar el proceso penal con todas sus garantías.

Esta difícil situación presupuestaria ha provocado que mediante la Instrucción 1/2014, aprobada por el Consejo Nacional de la Defensa Pública, y dictada por la Dra. Laura Hernández Román, Directora Nacional de dicha institución, se limite el servicio, a los fines, de que estas medidas regulen y viabilicen el servicio prestado para alcanzar a los más necesitados; y así poder mantener el estándar de calidad reconocido por los organismos internacionales.

Esperamos que nuestro legisladores, los distintos actores del sistema de justicia dominicano y los representantes del pueblo, a quienes les ha sido confiada la protección efectiva de los derechos de todos, puedan valorar en su justa dimensión el servicio que reciben miles de dominicanos, para quienes existe una única posibilidad de voz ante el proceso penal, la de su defensor público.

Por consiguiente, propugnamos un aumento del presupuesto asignado a la Defensa Pública para que se puedan incorporar mediante concurso el personal técnico faltante, la apertura de las 13 oficina faltantes en los distritos judiciales que hoy no cuentan con la protección y asistencia legal de los miembros de la ONDP, mejoras en las infraestructuras de las oficinas existentes, además, de que todo su personal pueda contar con la calidad de vida y condiciones que exigen el servicio que les ha sido confiado.

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