Director PEPCA miente al país

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Por: Dr . Leandro Ortíz De la Rosa

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca), habló mentira al país ante los medios de comunicación, al manifestar que los arrestos se hicieron con apego al estricto respeto de los derechos humanos de cada uno de los imputados.

Cuando en todas las redes sociales se observa cómo el ex ministro de Salud Pública Freddy Hidalgo es allanado y sacado de su casa en ropa interior y con violencia; primero sólo le estaba prohibido el libre tránsito, no le estaba impedido que le permitiesen ponerse en condiciones en presencia de los agentes y el Ministerio Público, colcarse ropa adecuada para estar en condiciones de ir a los tribunales.

Se ha violentado así el sagrado derecho al respeto a la dignidad humana, principio constituciónal consagrado en la Constitución de la República Dominicana.

Segundo, el magistrado Wilson Camacho miente al país cuando manifiesta que le leyeron sus derechos a cada uno de los imputados, cuando la actitud exhibida por la policía es notoriamente hostil, ya que si a uno de ellos no le permiten ponerse ropa adecuada, mucho menos le van a permitir que le lean los diez numerales establecidos en el artículo 95 del Código Procesal Penal que expresa los derechos de los imputados.

Así lo entendemos, al ver el comportamiento de las autoridades de no tomar en cuenta sus derechos y que la única expresión de los agentes y fiscal actuante fue que cuando la esposa e hija del imputado preguntaron ¿por que lo detenían? ellos se resistieron a dar una respuesta y sólo se escucha la expresión «arréstenlo».

Luego de manera intimidatoria lo toman por la fuerza, algo inconcebible en un Estado Social Democrático de Derecho, aunado también, a que la propia ley prohíbe que se exhiba la persona ante los medios de comunicación y con el consentimiento implícito del fiscal Wilson Camacho le permitió que los familiares graben la escena de la visita domiciliaria o allanamiento.

Finalmente, es ésta una grosera violación a la Constitución de la República y, a la ley 133-11, que establece el Estatuto del Ministerio Público.

Por todas estas consideraciones y la violación a los derechos fundamentales de prostituir la persecución de las infracciones de parte del Ministerio Público, consecuentemente derivaría en dos resultados: primero, que ante un juez garantista los imputados puedan quedar en libertad y, segundo, que el fiscal Camacho pueda ser recusado por violentar el debido proceso y el principio de objetividad.

Los abogados apoderados ahí tienen una buena pista, para elaborar en una primera fase esta teoría del caso con una defensa negativa. Ver los artículos 38, 40, 42,46, 49,68 y 69 de la Constitución Política del Estado y el artículo 95 del Código Procesal Penal.

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Departamento de Redacción, Diario Digital NotificaDO

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