El poder del catolicismo cristiano retrotrae a la República Dominicana a la Era Medieval.

La Iglesia Católica, en especial su alto clero, actúa como poder fáctico, influyendo, determinando y/o direccionando las políticas públicas.

Un encendido debate se vive en relación a la observación formulada por el Presidente Danilo Medina al recién aprobado Código Penal, a fin de que se introduzca en el mismo la interrupción del embarazo en los casos excepcionales de que esté en peligro la vida de la madre, por violaciones sexuales (incluyendo el incesto) y por malformación congénita del feto, a todo lo cual rabiosamente se oponen las instituciones cristianas.

Las iglesias mantuvieron una fiera campaña para que la cámara baja no aprobara la modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, utilizando incluso métodos no éticos, como es amenazar a los legisladores en torno a que quien votara a favor de las enmiendas, el clero llamaría desde el púlpito a sus bases para que no lo reelijan.

Finalmente, los diputados aprobaron la despenalización del aborto solo en el caso de que esté en peligro la vida de la progenitora y los otros dos aspectos sugeridos para incluirse en el nuevo Código Penal–violaciones sexuales, incluyendo el incesto y por malformación del embrión-, lo postergaron para incluirlo en una futura “ley especial”.

Salomónicamente, en una astuta jugada de los diputados, “se aprobó” y “no se aprobó” lo sugerido por el Presidente Danilo Medina. No se dejó a nadie satisfecho plenamente, para que nadie proclamara victoria.

Pero veamos la cuestión en profundidad: en el mundo solo otros cinco países no permiten el aborto terapéutico. La República Dominicana es el sexto, y todo debido al “gran poder” del catolicismo dominicano.

A pesar el discurso cerril de la cúpula cristiana en contra del aborto, una encuesta dada a conocer por el gobierno indica que el 85% de la población dominicana lo favorece en los casos excepcionales indicados más arriba.

Una lección de este proceso, en término ideológico, es que los partidos liberales del país no tienen claro su rol y agenda, y han contemporizado con las posiciones ultraconservadoras y medievales del clero católico dominante.

Que el PRD se coloque al lado de la iglesia y esos sectores ultraconservadores, en contra de que se permita el aborto terapéutico, dan ganas de llorar. Eso constituye una abdicación de sus principios liberales.

Lo mismo, resulta reprochable que el gobernante PLD, de forma monolítica no se haya alzado en contra de la posición dogmática-religiosa frente al aborto en situaciones excepcionales, como valientemente lo sugirió el Presidente Danilo Medina.

Un partido auténticamente liberal y progresista asume la libertad y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas como factores innegociables.

El tema de la interrupción del embarazo en un Estado moderno, de lo que se trata esencialmente es de una cuestión de derecho de la mujer, de su cuerpo, de su salud, de su vida, donde el dogmatismo religioso –sin atenuantes- debe y tiene que estar al margen.

Sin escarceos, la mujer debe tener derecho a la interrupción del embarazo, porque ella es la dueña de su cuerpo.

Pero la hipocresía del fundamentalismo religioso medieval criollo soslaya que cerca de doscientos mil abortos se siguen practicando cada año en la República Dominicana de forma encubierta.

Su práctica asume una lógica clasista: los padres de las muchachas ricas le compran un ticket de avión y la llevan a abortar a Miami, Nueva York o Puerto Rico, donde están permitidas las interrupciones de embarazos. Las muchachas pobres –de los barrios o comunidades rurales- se lo practican en las peores condiciones sanitarias ingiriendo brebajes caseros, consumiendo algunos fármacos estimulantes o se hacen pinchazos en el útero para inducir el aborto, muriendo muchas o quedando infértiles.

Definitivamente, vivimos en una república neo-medieval, dominada por los dogmas, donde la salud, los derechos y la dignidad de las mujeres no cuentan.

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