Luis G. Fortuño
Exgobernador de Puerto Rico

Recientemente, diario  El Vocero de Puerto Rico publicó una columna escrita por el ex-Gobernador Rafael Hernández Colón sobre el status de Puerto Rico y su economía. Antes de responder a la misma, quisiera consignar mi agradecimiento a Hernández Colón por sus consejos y deferencia durante mi incumbencia. El que difiera públicamente de él en nada debe implicar que no valoro su amistad, intelecto y experiencia, todo lo contrario. Sin embargo, me siento obligado a aclarar varios puntos ahora que la isla parece encaminarse a atender el asunto de estatus.

Por los pasados 20 meses he mantenido silencio sobre el quehacer político diario en respeto a la posición de gobernador. Así he ofrecido a la administración actual el más amplio espacio posible para que implemente su política pública. No es que no tenga opinión sobre lo que ha sucedido en lo que va del cuatrienio, sino que respeto la institución de la gobernación demasiado para entrar a criticar al incumbente ante un panorama tan complicado. El único otro momento en que he realizado comentarios fue en ocasión de la invitación que hiciera la Cámara de Comercio a los ex-gobernadores. Como en el caso de aquella presentación, espero que este escrito aporte a la discusión pública y aclare algunos puntos que se discuten al presente.

Primeramente, la crisis fiscal que afecta a la isla tiene sus raíces en un gasto público desmedido que fue atendido tomando dinero prestado sin intención de controlar el presupuesto. Recordarán que al comienzo de mi incumbencia el déficit auditado fue de $3,306 millones, las cuentas a pagar $1,200 millones y los préstamos sin fuentes de repago sumaban $2,700 millones. Por falta de efectivo en el Departamento de Hacienda, la nómina de fines del 2008 la cubrieron con un préstamo al Banco Gubernamental de Fomento. En medio de la transición de gobierno a fines del 2008 tuve que volar a Nueva York a reunirme con las casas evaluadoras del crédito para evitar una degradación de nuestra deuda, pues ya habían bajado nuestra clasificación al nivel justo antes de chatarra y habían emitido una perspectiva negativa con aviso de degradación adicional inminente. Desgraciadamente, en los primeros años tuvimos que tomar prestado para pagar las enormes obligaciones que habíamos heredado. De hecho, el 94% de las emisiones de deuda del 2009 y 2010 se utilizó para pagar estas deudas existentes y atajar el déficit que, gracias a las medidas tomadas, comenzó a reducirse. Contrario a lo alegado por algunos, los estados financieros auditados del gobierno establecen que el déficit en el año fiscal 2008-09 era de $3,306 millones y para el 2012-13 era de $807 millones (no $2,200 millones). Además, tomamos medidas correctivas, comenzando con el recorte en gasto de 20%. Como consecuencia, nuestra clasificación aumentó dos escalas y la economía entró por 2 años modestamente en terreno positivo.

Contrario a lo expresado en la columna de Hernández Colón, la recesión auto infligida que nos ha afectado no es causada “por las políticas equivocadas y el desgobierno del PNP”. Le recuerdo que ningún partido tiene el monopolio de la verdad o la virtud y que su partido estuvo en el poder entre el 2001-08, dejando el mayor déficit de nuestra historia y aumentando la nómina pública en un 62% (de $3,400 millones a $5,500 millones anuales). Sin embargo, le haría un flaco servicio a Puerto Rico si en esta columna le achacase los males económicos de la isla únicamente al PPD.

La realidad es que el ELA se ha convertido en un lastre que nos impide progresar. En un intento por compensar la desaceleración económica que venimos sufriendo por tantos años debido a las limitaciones que nos impone nuestro sistema político, demasiados gobiernos intentaron contrarrestar dicha situación aumentando el gasto público. En el proceso nos endeudaron al punto que nuestra deuda ahora es clasificada como chatarra, estamos en una espiral económica descendente, gran parte del capital local desapareció y la desesperanza lleva a miles a mudarse a otras jurisdicciones mensualmente. Aunque nos haya servido bien en las décadas de los ’50 y ’60, hoy es evidente que el ELA quebró y tenemos que resolver este problema o nunca saldremos de la situación en que hemos caído. Así lo expresó el 54% de los electores que rechazó mantener el status actual en noviembre de 2012 y prefirió la estadidad con una mayoría superior al 61%.

Algunos preguntarán, ¿qué pasó? El proceso de la quiebra del ELA fue paulatino. Es el resultado de muchos cambios que poco tienen que ver con la política local, que en ocasiones han estado fuera de nuestro control, pero que en definitiva son el resultado de las desventajas de nuestra situación territorial. Primero, con la aprobación de tratados de libre comercio con países en este continente y el resto del mundo, se fue erosionando la exclusiva ventaja competitiva que teníamos como parte integral del mercado de los Estados Unidos y con ello se derribó uno de los supuestos “pilares” del ELA. Segundo, como nuestra condición de territorio nunca ha ofrecido al inversionista extranjero la misma solidez como destino de inversión que tiene un estado de la Unión, por décadas Puerto Rico ha tenido que depender de incentivos contributivos federales para atraer dicha inversión. Pero eventualmente el mismo Congreso decidió eliminar esos incentivos que eran otro de los “pilares” del ELA. Y encima de todo esto, ya que como territorio no recibimos todas las asignaciones que nos corresponderían como estado, por décadas hemos subsanado la diferencia mediante préstamos. Resultado: nos hemos endeudado más allá de nuestras posibilidades y ahora estamos pagando las consecuencias.

Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Es posible lograr el cambio que nuestra gente se merece y añora? Pienso que sí. Sin embargo, no podemos continuar haciendo lo mismo y pretender que la situación mejore. Para ello es necesaria una transformación trascendental que nos provea las herramientas necesarias para crecer en el Siglo XXI. Las soluciones del pasado ya no producen los resultados que necesitamos. No hay margen para seguir aumentando el gasto gubernamental y tomar prestado. Las circunstancias cambiaron, y es hora de ser pragmáticos y ajustarnos a ellas. Esta realidad económica, así como la decisión que tomó nuestro Pueblo en el plebiscito de noviembre de 2012 habrán de ser determinantes en el proceso de status que aún tenemos por delante.

En la segunda parte de esta columna habré de discutir en mayor detalle lo que podemos esperar de este proceso. Un proceso que podría alterar para bien nuestro futuro y el de generaciones venideras.

Informa: El Vocero