Una lapidaria frase dominicana reza que «quien paga es el que manda». Hasta la reforma constitucional del 1994, los jueces (incluyendo los de la Suprema Corte de Justicia) eran designados por el Senado de la República. Así las cosas es lógico pensar que en una provincia el «key person» para el nombramiento desde un juez de paz hasta el presidente de la Corte de Apelación, recaía en la persona del senador de la misma.

Era tan fastuoso su poderío, que en un juicio de fondo seguido a un imputado, a petición de una de las partes enviaba un «papelito» al juez de quien se tratara, en el que disponía la inocencia o culpabilidad del mismo. El juez que osara no tocar la partitura del senador, tenía de inmediato habilitado el camino para su casa. La crisis política del 1994 trajo consigo una reforma constitucional; y esta a su vez la creación del primer Consejo Nacional de la Magistratura, organismo en el que recae la responsabilidad de elegir las Altas Cortes, quedando en manos del Poder Judicial la designación de los demás jueces del país.

Sin embargo, a pesar de que el espíritu del constituyente de 1994 fue crear una verdadera justicia independiente, al disponer una configuración de ese Consejo en el que el gobernante de turno no posea elcontrol absoluto (7 miembros, 3 de los cuales eran controlados por el presidente), quienes gobernaron al país del 2004 al 2012 entendieron que se precisaba un control absoluto de ese cuerpo por parte del Gobierno, produciéndose en el 2010 una reforma constitucional en la que no solo incluyeron el voto del procurador general de la República, sino que para rematar, ante un empate el voto del presidente es decisivo.

El sueño de todo juez que hace carrera es llegar al pleno de la Suprema Corte de Justicia y presidirla (si se dan las condiciones para ello); si tal decisión depende de quienes ostentan el poder político de turno, el tráfico de influencia no podría irse de vacaciones en el proceso de elección. Salvo honrosas excepciones (como el magistrado Juan Alejandro Vargas), todo el que es designado juez de la Suprema Corte de Justicia, tiene detrás un padrino que ha movido los hilos para que sea seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Ante esa realidad, languidece la «independencia» de nuestro sistema judicial. Un juez de paz que desea ascender a Primera Instancia; este a su vez ser elevado a la Corte de Apelación; y este a las Altas Cortes (incluyendo la Suprema), deberá poseer muy arraigados sus valores morales para no sucumbir ante un ascenso al servicio de sus patrocinadores. Solo aquellos con indumentarias de probidad, honorabilidad e integridad, sabrán ser malagradecidos y olvidarse de quienes le tendieron su mano para ocupar el cargo.

El ejemplo más evidente de la injerencia del poder político en la Justicia dominicana se ha puesto de relieve en la presente gestión gubernamental, con la designación de los cabecillas del Ministerio Público. Si es cierto que toda persona que se respete en lo más mínimo es partícipe que quienes sustraigan fondos públicos deben ser procesados y aplicado sobre ellos el máximo rigor de la ley, no menos cierto es que existen controles, protocolos o reglas que jamás deben ser vulneradas por quienes administran justicia en nombre de la ley ni por quienes representan tanto a la sociedad como al Estado.

Una persona que en funciones de Ministerio Público ejerza su ministerio con arbitrariedad, sesgada, con resentimiento, odio, rencor y venganza; que deje de lado el debido proceso y la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución; que entienda que sus sentimientos están por encima de la Carta Magna y las leyes; que descalifique las actuaciones de honorables magistrados que sí toman sus decisiones apegados a nuestro ordenamiento jurídico; es una aberrante amenaza para el país.

Un procurador general, adjunto o director de persecución de la corrupción administrativa, que arremeta en contra de jueces que por voluntad propia, convicción, presión mediática o por la naturaleza que fuese, emitan sus decisiones dentro del marco de los cánones legales, deja entrever que si la decisión recayese sobre él, trancaría a cualquiera y mandaría a botar la llave, sin importar si sus actuaciones infringieren la Constitución y las leyes; harían lo que ellos crean porque asumirán tener la verdad absoluta. No quiero imaginar a semejantes y pintorescos personajes administrando justicia en nombre de la ley.

Todos aplaudimos las arbitrariedades, felonías, abusos, humillaciones y sandeces que profieren tan deleznables avatares en sus jurisdicciones, hasta tanto la puerta que toque la desgracia que provocan sea la nuestra. A quienes hoy llamamos «héroes nacionales» por el «ajusticiamiento» de Trujillo, no fueron mas que peones de su régimen opresor y dictatorial al que celebraban todos sus chistes y abusos en contra de la población. Cuando la fatalidad les tocó a ellos mismos, sintieron en carne viva lo que venía padeciendo el pueblo dominicano por sus perversidades, manipulaciones, ultrajes y atropellos. Cuando veamos afeitar a nuestro vecino, pongamos nuestras barbas en remojo.

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