El pasado 8 de enero, se vencieron los 18 meses de la prisión preventiva impuesta al otrora procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado por el Ministerio Público de una serie de ilícitos penales. En varias ocasiones la barra de su defensa, compuesta (entre otros) por Gustavo Biaggi y Carlos Balcácer, trató infructuosamente de obtener una variación de la medida, a los fines de que el imputado se defienda de las acusaciones en su contra, desde la libertad.

El caso Medusa, cuyo principal acusado es el pasado procurador, se ha erigido como uno de los más sonoros en materia de corrupción del país, no por los cargos imputados al cesante funcionario, sino porque los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público le han impregnado una suprema connotación que ha trascendido las fronteras de los medios de comunicación y las redes sociales, en procura de una condena social ante la incertidumbre o imposibilidad de lograr una judicial.

Al momento del apresamiento del anterior máximo representante del Ministerio Público, el 90% de los comentarios en redes sociales eran vertidos en su contra, porque mientras en la sala de audiencias ocurría una cosa, a la opinión pública se le daba a conocer otra diferente; además de que dada la arrogancia y prepotencia con que se manejaba Jean Alain durante su mandato, en el que en calidad de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura se prestó a seguir el juego a quienes pretendiendo descalificar a la doctora Miriam German Brito, la sometieron a una innecesaria humillación que fue muy mal percibida por la población; hoy sin embargo, esa percepción popular ha dado un giro de 170 grados.

El peor pecado de Jean Alain Rodríguez, no han sido las cosas que le imputan, sino otras por las que judicialmente no pueden pasarle factura. Deudas acumuló no solo con la actual reina del Ministerio Público, sino también con Yeni Berenice y con el mismo presidente de la República (tanto de manera directa, como con algún familiar muy cercano que en su momento no fue favorecido). El cobro de las mismas no se hizo esperar y lo que está pagando hoy ese pasado funcionario, es un bambú; cuyas poderosas raíces tardaron mucho en formarse sin salir a relucir, pero su fruto ha sido expuesto en todo su esplendor.

Es de algunos conocido que el 10 de enero retro próximo, la defensa del destituido procurador, elevó por ante el magistrado Amauris Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, una solicitud del cese de la prisión preventiva que pesa sobre su representado, siendo fijada para el próximo 17 de enero, la fecha en que será conocida la misma, coincidiendo con la revisión obligatoria de la medida de coerción. Lo cierto es, que jurídicamente hablando, la libertad de Jean Alain Rodríguez, a partir del pasado 8 de enero, será tan efectiva como el tiempo que tarde en visitar la puerta del tribunal, pudiendo el magistrado apoderado haber resolutado su libertad hasta de oficio (si así lo hubiese querido).

El pasado martes 3 de enero, todos recordarán que el ex-presidente Hipólito Mejía, tributó una visita de cortesía a su homólogo Danilo Medina, por motivo del  nuevo año; de inmediato no se hicieron esperar las especulaciones y conjeturas de un posible acuerdo electoral, entre el líder del PLD y el PRM, en el que supuestamente se otorgaría la libertad tanto de los familiares directos del ex-presidente Medina, como de sus colaboradores que guardan prisión. Nada podría ser más perverso de quienes pretenden confundir a la opinión pública con semejante aseveración, ignorando que con tan aberrante actitud, enlodan lo de «justicia independiente» que tanto ha pregonado el mismo presidente, al dejar entrever que este tiene la última palabra.

Lo que el Ministerio Público no quiere que se sepa es que el próximo martes, cuando el imputado Jean Alain Rodríguez toque la puerta del magistrado Amauris Martínez, el único hueco abierto que tendrá el juez de instrucción será el de disponer su libertad, por imperio propio de la ley, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico no contempla un solo día más de los 18 meses cumplidos; negarle la libertad a ese imputado, solo por favorecer el capricho del rey del Ejecutivo o coludirse con las temerarias y arbitrarias pretensiones de quienes con indumentarias de Ministerio Público no persiguen justicia, sino venganza, expondrían vulgarmente el refajo ante el mundo de que República Dominicana es una selva carente de seguridad jurídica y de derechos.

El magistrado juez de la instrucción que conocerá el caso, tendrá el próximo martes una prueba de fuego para la justicia dominicana. Le tocará decidir entre un Estado de derechos, de seguridad jurídica, en donde se respete la primacía de la Constitución (aunque ello represente la desaprobación de ignorantes); o hacerse el gracioso a apetencias personales de quienes dirigen el poder político y el Ministerio Público, con 5 minutos de gloria en las redes sociales, llevando al país al descrédito internacional, alejando a los turistas por considerarlo como una jungla en que no se respetan los derechos ciudadanos por la ausencia de seguridad jurídica.

Estoy más que convencido, seguro de que el magistrado Amauris Martínez, con la venda colocada en sus ojos aplicará justicia en nombre de la ley, sin presión ni influencia de sectores malsanos que con sus acciones pretenden derrumbar los significativos avances que hemos logrado en nuestra Justicia. Muchos dirán que la libertad del pasado procurador fue el resultado de acuerdos políticos; otros creerán que se trata del final del proceso; otros estamos seguros que el juez habrá obrado apegado a los cánones legales de nuestro ordenamiento jurídico. Los mejores aplausos serán los que se llevará el magistrado en el escenario de su conciencia, luego de haber plasmado su decisión.

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