La cabeza de Medusa

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Medusa es una figura de la mitología griega, única mortal de las tres Gorgonas nacidas de dos dioses. Gorgona procede del griego antiguo y significa «sombrío», «feroz» y «terrible»; y Medusa que significa «custodiar» o «proteger». Se le conoce sobre todo por su capacidad de convertir a la gente en piedra con una sola mirada. Su muerte fue producida por Perseo, hijo de Zeus (Dios de los dioses), que engañado por Dictis (rey de Serifos), quien se había enamorado de su madre (de quien era muy celoso); y ante la falta de éste haberle llevado una presea de la que precisaba, le impuso a cambio llevarle la cabeza de Medusa, convencido de que no lo lograría.

Al leer la historia de Medusa, colijo con toda razonabilidad que el nombre asignado al caso de corrupción, cuyo principal imputado es el otrora procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, no es fortuito. Aunque el Ministerio Público que dirigen Miriam, Yeni y Wilson, ha designado con nombres de animales marinos otros casos de corrupción que actualmente enfrentan, el Medusa obedece a un plan muy bien orquestado, con el que pretenden plasmar en la historia un referente de lucha contra la corrupción. Sin embargo, por lo poco que hemos avanzado en materia de «independencia de la justicia», el resultado podría ser el menos esperado por todos.

El pasado procurador general, Jean Alain Rodríguez, podría ser culpable o inocente de los hechos que se le imputan; eso al final solo podrán determinarlo los jueces, luego el proceso haya surcado los tres escenarios ordinarios (primera instancia, apelación y casación); y el extraordinario (revisión constitucional), en donde existirá al menos un tribunal que se encargará de objetivamente enderezar los torcidos que poderosas manos hayan propiciado (sea por parte de la defensa como de los acusadores), y cuyo alcance no permeará la convicción de los actores que en nombre de la ley administren la justicia, conforme a los elementos probatorios que integren el expediente; imponiéndose la verdad, misma que lo liberará si es inocente, le aligerará la pena si la sobrecargaron o confirmará la pena impuesta.

Hasta que ello ocurra, por mera empatía y prudencia me remitiré a uno de nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución dominicana en su artículo 69, numeral 3, que establece: toda persona tiene «El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable». Sin embargo y a pesar de lo anterior, ya el exprocurador sin que se le haya conocido siquiera un juicio preliminar, ha sido condenado a cadena perpetua por el implacable y despiadado tribunal de las redes sociales; y a varios meses de prisión por la justicia ordinaria.

¿Por qué la condena social a cadena perpetua? Por la ignorancia o acefalía de quienes tenemos acceso a la tribuna del teclado, que como papagayos repetimos cuantas sandeces salen en las redes o como focas aplaudimos todas las acciones encaminadas por el Ministerio Público, a cuyos miembros otorgamos calidad y jerarquía de «magistrados» (incluso ignorantes abogados incurren en tan solemne disparate), asumiendo como verdad absoluta y como sentencia judicial todo cuanto profieren dentro o fuera de un tribunal. Ese órgano ni tonto ni perezoso, conocedor de nuestra idiosincracia utiliza esa herramienta para inocularnos lo que pretende lograr en una sala de audiencia; y en caso de no obtenerlo, se dará por servido con la condena mediática.

Estamos muy equivocados quienes creemos que los fiscales son jueces, mucho menos magistrados. Un fiscal no es más que el ente acusador en representación del Estado y la sociedad. Cualquier ilícito penal que usted pudiere cometer como ciudadano, tendría en su contra al fiscal (como también tendría al abogado de la víctima, del cual nunca esperaría usted que diga o haga algo a su favor); el rol del fiscal es hacer todo cuanto a su alcance tenga para lograr una condena en su contra, sea justa o injusta. El fiscal es «enemigo» (por llamarle de alguna manera) del imputado. Es por ello que orondo celebra sus victorias al lograr que un tribunal condene a un imputado (repito, poco le importa si el imputado es inocente o culpable).

En el caso Medusa, tanto Miriam Germán, Yeni Berenice como Wilson Camacho, desde el punto de vista de «persecutores de la corrupción administrativa», están jugando un rol estelar; tanto, que si pudieran recuperar para el Estado hasta los bienes históricamente acumulados por la familia «Rodríguez-Sánchez» desde sus ancestros, sería el mayor de los trofeos. Es por ello, que bienes registrados y titulados con 20, 30 y hasta 40 años atrás (que nada tienen que ver con su paso por la administración pública) podrían ser incorporados al voluminoso expediente. Esa es la naturaleza del Ministerio Público; no pretendamos sea complaciente ni condescendiente con el imputado.

Sin embargo, lo extraño de todo esto es que siendo el ciudadano Rafael Cano Sacco, señalado por todos los contratistas y suplidores como la persona del más encumbrado poder dentro de la procuraduría que recibía los sobornos, haya sido excluido como imputado, permitiéndole emigrar a Europa a disfrutar su inconmensurable fortuna, a cambio de que desde la distancia esparza sus excrementos y salpique todo cuanto desea el Ministerio Público; muy especialmente involucre en su testimonio a Jean Alain Rodríguez como receptor final de tales emolumentos. Una cosa es aligerar la pena a quien se arrepienta de sus malas acciones y colabore con la justicia para desmantelar la estructura operativa; otra muy diferente eximir de toda culpa al evidente principal beneficiario de esos supuestos sobornos. ¿Quién acusará a Cano Sacco?

Jamás izaré mi bandera ni plasmaré mi pluma para defender delincuentes; si el exprocurador debe algo a la sociedad dominicana que pague por sus actos; que cumpla la condena que impone la ley y regrese al erario todo cuanto se compruebe sustrajo. Sin embargo, el león no parece ser tan feroz como pretenden pintarlo. En materia penal, nadie debe responder por los hechos cometidos por otras personas (aún sean sus hijos menores de edad); de crear este precedente, la institucionalidad ipso-facto adquiriría una gran crisis, en la que ninguna persona que se respete en lo más mínimo querrá ocupar posiciones de mando en la administración pública, porque siempre existirá algún subalterno haciendo travesuras, por el que tendría que comprometer su libertad.

Tampoco querrá nadie ser suplidor del Estado, si al terminar cada gestión será llamado por el Ministerio Público de turno, quien con chantaje y 4 guardias aclarándote los ojos, te dicen: «fuiste suplidor de la pasada gestión corrupta; te llevaremos en este expediente como testigo o como imputado, tú eliges». Con lo que cabe decir juega el Ministerio Público a la ruleta rusa, porque es muy fácil para alguien que se sienta amenazado, decirle «dígame dónde debo firmar»; y en la audiencia testificar con la verdad (que no será precisamente la que deseará escuchar el Ministerio Público, de su testigo a cargo), lo que lo podría convertir en testigo a descargo, argumentándole al juez que firmó ese documento ante la amenaza de salir preso (si no lo hacía), pero que nada de eso obedece a la verdad.

Me temo que el caso Medusa lo festinen y conviertan en una especie de cono de hilo que se enreda tanto, que luego de ingentes esfuerzos por desenredarlo, terminan cortando de él algún segmento para no perderlo todo. Son tantos los imputados, el legajo probatorio como los testigos a cargo, que podría reelegirse este gobierno o llegar uno nuevo, sin que se haya concluido con la última fase del proceso. La parte mala se la llevarán los imputados que mantendrán en prisión (en principio, alegando podrían utilizar subterfugios para tergiversar las pruebas; ahora alegarán peligro de fuga); aún obtengan una sentencia de descargo, ya habrán pagado algunos una pena igual o mayor que la dispuesta en caso de haber sido hallados culpables (pena anticipada), sirviéndose el Ministerio Público con la cuchara sopera en cualquiera de los casos.

 

Autor

Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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