Ing. Cristian Hidalgo

Los hijos de ilegales nacidos en RD no son dominicanos

En Editorial  por

La República Dominicana y haití son dos pueblos que comparten una misma isla en el Caribe; a pesar de ser fronterizos entre sí, son abismalmente diferentes: mientras nosotros hablamos el español, ellos hablan creol y francés; nuestra creencia es la cristiana y las suyas orientadas al vudú y ritos satánicos; nosotros somos amigables al medio ambiente, ellos lo destruyen despiadadamente; en fin, la lista es tan interminable que la única similitud que socializamos es la humana. Desde el año 1844 nos separamos y trazamos una línea divisoria y marcado distancia de ellos.

Nuestra Constitución con meridiana claridad establece quiénes somos nacionales dominicanos; las leyes migratorias por igual determinan la manera de obtener la residencia o ciudadanía dominicana. Muchas personas confunden ciudadanía con nacionalidad; la primera obedece a los dominicanos que hayan cumplido 18 años de edad o sido emancipados legalmente; mientras la segunda se adquiere conforme lo consagra nuestra Carta Magna en su artículo 18, por jus solis y jus sanguinis (salvo las excepciones que se establecen).

El numeral 3 del artículo 18 de la Constitución dominicana, al referirse a la nacionalidad expresa: «son dominicanos, las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas (concepto errado)».

No sé qué parte de «excepto los hijos de ilegales» no han querido entender quienes pretenden haitianizar el país. Un ciudadano del mundo podría estar en este país aunque sea de turista por 3 días; si su hijo nace en este territorio, ipso-facto adquiere nuestra nacionalidad por el principio «jus solis» (cierta ambigüedad percibo en ese sentido en nuestra Constitución); sin embargo, si está ilegal, no hay manera de que se haga acreedor de la misma.

Algunos teóricos internacionales nos juzgan por negarles nuestra nacionalidad a hijos de ilegales haitianos, aduciendo que convertimos en apátridas a esos seres que han llegado al mundo. Más equivocados no podrían estar; los ilegales haitianos los son para nuestro país, pero en el suyo son nacionales con todos sus derechos constitucionales respaldados en cualquier lugar en que se encuentren.

Nuestra Real Academia de la Lengua (RAE) define el vocablo «apátrida» como: «adjetivo de una persona que carece de nacionalidad».  Su definición legal internacional es “una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación”. En términos simples, esto significa que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Visto lo anterior, cabría formularnos la siguiente pregunta, ¿pueden ser considerados apátridas los hijos de ilegales haitianos en nuestro territorio? Veamos qué dice la Constitución de ellos.

La Constitución haitiana en su artículo 11 que versa sobre su nacionalidad, consagra: «Posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos y no hayan renunciado jamás a su nacionalidad al momento del nacimiento». En ese sentido, los hijos de ilegales haitianos son nacionales haitianos por jus sanguinis, sin importar en qué lugar del planeta hayan nacido.

Cada país tiene su política migratoria y la hace prevalecer bajo cualquier circunstancia; la República Dominicana tiene la suya. No estamos en contra de los haitianos buenos, trabajadores que legalmente pernoctan en nuestro país; los hijos de haitianos residentes legales en este país, son tan dominicanos como nosotros y los consideramos nuestros hermanos; lo que jamás debemos permitir es que ilegales haitianos conviertan a nuestro país como el desierto en que han convertido el suyo. Honremos a Duarte, Sánchez y Mella.

Autor

Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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