Reforma policial, un cáncer que ya hizo metástasis

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Desde tiempos ancestrales (400 años antes de Cristo), ya Hipócrates (padre de la medicina) se refería a los tumores usando los términos carcinos y carcinoma. En efecto, la humanidad ha venido padeciendo del cáncer en toda su historia, sin que hasta la fecha exista otra cura que la extirpación del órgano que lo contiene, siempre y cuando no haya hecho metástasis en otras partes del organismo, en cuyo caso presagiaría una muerte segura (salvo honrosas excepciones).

A casi nueve meses de la Independencia Nacional, fue proclamada la Constitución de San Cristóbal; con ella nació la Policía Urbana y Rural que hoy conocemos como Policía Nacional; sin embargo, fue 4 años más tarde que entró en vigencia el artículo 188 de nuestra Carta Magna que establecía: «La creación de los Grandes Inspectores de Agricultura y Policía, y la de los Cuerpos de Policía Urbana y Rural, serán el objeto especial de una ley, que detallará todos sus deberes».

A pesar de que el siguiente artículo (el 189) establecía que «no pueden crearse cuerpos privilegiados», nuestra Policía Nacional poco a poco se ha venido erigiendo como un poder paralelo al Ejecutivo, en donde se trazan las políticas de estabilidad y orden de este país, al margen de lo que se disponga como medidas oficiales. En esa isla se ha enquistado un grupo de poder tan supremo que ha superado la capacidad del Poder Ejecutivo para erradicarlo.

La Policía que tenemos hoy día y que se pretende «reformar», es lo más parecido a una federación en la que convergen grupos de los más temidos de este país: a) un núcleo de sicarios al que se le contrata cuando se desea desaparecer a alguien de esta tierra sin temor a represalias y ser procesado judicialmente; todo queda como «una persona violenta que se golpeó con los barrotes de la celda»; b) un cártel de las drogas, con ramificaciones en toda la geografía nacional, por cuyos «puntos» pasan diariamente como dueños de bancas de lotería a recoger su dinero; y c) la corrupción oficial que abarca todo cuanto usted pueda imaginar.

La nueva ley orgánica de la Policía Nacional, 590-16 lleva ya 6 años de su entrada en vigencia; uno de sus artículos reduce a 20 el número máximo de generales activos, lo cual no pudo lograr Danilo Medina en 4 años, tampoco lo ha dispuesto Luís Abinader en la mitad de su cuatrienio. Designan un director que de inmediato ese grupo lo absorbe y hace inmensamente rico, pero a cambio debe dejarlo operar con la blindada indumentaria de la impunidad.

Hoy, el pueblo dominicano se haya hastiado de esa Policía; la inseguridad ciudadana ha llegado a niveles en que si un sujeto transita por una acera y ve a otro con aspecto de atracador, por instinto natural cruza hacia la acera del otro lado, en la que al coincidir con un policía, lejos de sentirse respaldado y protegido por el uniformado, retorna a la acera anterior porque se siente en menos peligro con el posible antisocial que con el policía. Eso definitivamente no puede seguir ocurriendo en la República Dominicana.

Esa es la Policía que se pretende «reformar», cuando ya el cáncer ha hecho metástasis en casi todo el cuerpo. Si deseamos una Policía cónsona con estos tiempos y acorde a nuestras expectativas, la actual debe ser desarticulada desde raíz, cancelándole el nombramiento desde el conscripto hasta el director general; construir un perfil del policía de hoy, abrir una escuela de formación policial; que los nuevos policías entren por concurso, permitiendo a los actuales que apliquen, de manera que puedan ser elegidos los que aún son buenos policías; y remunerarles con buenos salarios y otras facilidades.

No podemos pretender tener unos policías tan buenos y apegados a sus deberes como los de Nueva York, pagándoles un salario cebolla, que cuando salen del servicio tienen que mendigar una «bola» porque lo que ganan no les permite siquiera abordar un motoconcho. Si vamos a reformar la Policía, hagámoslo con seriedad, de lo contrario sólo estaríamos lavándole la cabeza al burro; y en consecuencia perdiendo el tiempo y el shampoo.

Autor

Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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