Las 3 causales como inmunidad para asesinar

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El conocimiento y aprobación en nuestro Congreso Nacional del Código Penal, se ha convertido en la manzana de la discordia, debido a que en el mismo se pretende excusar el aborto cuya indumentaria sea: que el embarazo 1) represente un riesgo para la vida de la mujer, 2) sea fruto de una violación o incesto, o 3) existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Es a lo que hemos llamado las 3 causales.

Nuestra Carta Magna, en su artículo 37 consagra el Derecho a la vida como fundamental; en consecuencia establece que «…es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte». Así las cosas, interrumpir el embarazo deliberadamente podría ser considerado más que un homicidio, un asesinato por implicar la premeditación.

Lo que se pretende lograr es que el legislador, tal como hizo con el homicidio, en donde es excusable al amparo de la legítima defensa (suya o de cualquier otra persona); revestido de esta figura legal puede matar a alguien sin ser condenado a ningún tipo de pena; ahora se le permita a la madre un subterfugio de interrumpir la vida de una criatura sin ser procesada penalmente. Este tema es el más controversial que se ha suscitado en las últimas décadas; divide al país entre los que están a favor de las tres causales y los contrarios a éstas.

Ante esa disyuntiva, el Señor Presidente de la República, ha remitido al Congreso Nacional un proyecto de ley que regulará la figura del Referendo consagrado en nuestra Constitución, mediante el cual podría hacerse una consulta popular acerca de las 3 causales y dejar que sea el pueblo mismo quien se exprese acerca de lo que desea sea plasmado en el nuevo Código Penal Dominicano.

Si hay algo de lo que debemos estar claros es que el Código Penal, con sus tres causales o sin ellas, no será bajo circunstancia alguna un impedimento la consumación del aborto en nuestro país, como tampoco lo ha sido la ley 50-88 sobre drogas, para la comercialización de esa substancia. En el fondo lo que se está discutiendo es si bajo las 3 causales se hace excusable para que las autoras intelectuales y materiales del mismo acudan a un centro de salud a practicárselo o si por el contrario lo penalizan totalmente para que sigan haciéndolo clandestinamente.

Los más feroces opositores a la interrupción del embarazo es la Iglesia Católica, paradójicamente misma que se opone al uso de preservativos para controlarlo. Por un lado apadrina la actividad sexual irresponsable y por el otro fustiga el control de la natalidad. Si vamos a prohibir el aborto, al menos patrocinemos el uso de preservativos como control a embarazos no deseados que pudieren sugerir el aborto. Sin embarazos no deseados no habría abortos voluntarios.

De igual manera deberá tener ojo avizor el legislador dominicano si decidiese introducir las 3 causales en nuestro Código Penal, ya que no establecer un protocolo bajo las cuales éstas se producirían y se certificarían, sería relajar la figura y cualquier joven embarazada llegar a un centro de salud a practicarse un aborto, con el pretexto de ser víctima de cualquiera de las causales, como llegar a una farmacia y pedir una cytotec.

En el caso de la primera y tercera causal, la interrupción debería ser avalada por estudios hechos a la madre por un laboratorio de reconocida solvencia técnica y moral; así como de la posterior certificación de un especialista que recomiende dicha interrupción. En el segundo caso (violación o incesto), que sea avalado por una sentencia en primer grado emitida por un tribunal competente, en donde se establezca la existencia de tal hecho con el debido castigo al responsable.

Bajo el anterior esquema se controlaría la discriminación de una madre que al saber trae en su vientre una criatura con rasgos estéticos no deseados, decida interrumpir su embarazo por mera vanidad. A quienes se oponen a las 3 causales debo decirles, que esta figura al menos permitiría llevar las estadísticas de los abortos que diariamente se producen en la República Dominicana y que los mismos se produzcan bajo condiciones sanitarias que garanticen la vida de la madre, porque la del feto es una decisión tomada sea que se practique en una clínica, en un hospital o simplemente en un lugar clandestino.

 

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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