El pasado lunes 22 de los corrientes un contingente armado se avalanchó a las instalaciones de la Cámara de Cuentas, acompañando a las autoridades de la Procuraduría General de la República en un allanamiento al que han denominado «Operación Caracol», del que el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró haber encontrado evidencias de “maquillaje” de auditorías.

Nuestra Constitución define la Cámara de Cuentas como «el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado». Entre sus principales responsabilidades están: a) examinar las cuentas generales y particulares de la República; b) presentar al Congreso Nacional los informes sobre la fiscalización del patrimonio del Estado; y c) emitir normas con carácter obligatorio para la coordinación interinstitucional de los órganos y organismos responsables del control y auditoría de los recursos públicos.

Estamos hablando que ese órgano del Estado es para nosotros los dominicanos como los ojos de nuestro cuerpo, a quien hemos confiado la veeduría y fiscalización de las acciones de quienes hemos designado como nuestros administradores. Hoy sin embargo, nos dice la PEPCA que nuestra Cámara de Cuentas está coludida con los funcionarios corruptos que en pasadas administraciones lesionaron el erario, lo cual más que considerarlo como una afrenta y felonía contra el pueblo dominicano, jurídicamente debería ser tipificado como un acto de terrorismo o crimen de Lesa patria.

Recientemente veía una entrevista formulada al presidente de ese organismo, Hugo Álvarez, quien expresó que «en su gestión le ofrecieron desde relojes Rolex, hasta viajes y dinero para defender actos de corrupción». También afirmó que «el primer ofrecimiento que recibió fue un Rolex Presidential, de parte de un ingeniero que hizo un hospital y se encontró con un desfalco de 17 millones de pesos». Con su confesión parecería que presagiaba lo acontecido en el día ayer. Los demás miembros son Pedro Ortíz Hernández, Carlos Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Alvarez Rivera.

Aunque a estas alturas ya no sabemos en quién confiar, no nos queda otra alternativa que tributar un voto de confianza a la Procuraduría General de la República, cuyas titulares doña Miriam Germán y Yeni Berenice han exhibido muestra de probidad, entereza y pulcritud en el ejercicio del poder judicial, sin soslayar que aún nuestro sistema judicial está controlado por algunos delfines de las pasadas administraciones. Esperemos que se realicen las debidas investigaciones, que esto no sea convertido en un show mediático y que en caso de que alguno o todos los directivos y otros funcionarios de la Cámara de Cuentas sean responsables de esos abominables hechos, les sea aplicado todo el peso de la ley.

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