EL CERCADO, SAN JUAN. El Centro Cultural Cercadense (Triple C), en el municipio de El Cercado, acogió a un numeroso y selecto público tan heterogéneo como representativo, en la conmemoración del Día de la No-Violencia Contra la Mujer, en el que se puso de relieve un marcado interés en reclamar un conjunto de derechos cívicos y de orden público.

La convocatoria del Centro Diocesano de Asistencia Jurídica (CEDAJUR) repletó el lugar al que también acudieron autoridades policiales y judiciales, tanto como numerosas representaciones comunitarias, pese a que un gran segmento se ausentó ante el inesperado anuncio de que se entregarían partidas de la tarjeta de subsidio social Solidaridad.

Se coaligaron para el montaje de la actividad de carácter conmemorativo El Club Rotario San Juan, el Instituto de Capacitación Legal (INCAL), la parroquia San Pedro Apóstol, entre otros.

Presidió la mesa de Honor la magistrada Gisela Fernández, del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Juan; le acompañaban el jefe del destacamento policial de esa localidad, capitán Robelio Florentino Alcántara; el señor Tito Furcal, director del Liceo Técnico; el regidor Loweski Montero, en representación del Distrito Municipal.

Además figuraban en el Presídium los munícipes Santiago Calderón, Víctor Perdomo Sánchez, la ingeniera Carmen Rosa Yunes del Club Rotario San Juan y ya una vez avanzado el acto se sumó el magistrado Daniel Aquino Familia.

Completaban la matrícula de asistentes líderes juveniles, estudiantes, varios orientadores legales del CEDAJUR de Las Matas de Farfán, Sabaneta, provenientes de secciones, parajes y del propio municipio.

A partir de la motivación inicial de la directora del CEDAJUR, doctora Reyita De Oleo, quien condujo el acto junto a la señora Ada Ramírez, con asistencia de la hermana Joanna Peterson elaborando un cartel con inquietudes, la conmemoración se convirtió en escenario en donde abundaban los reclamos y las denuncias de las comunidades adyacentes y los liderazgos presentes, quejándose por anomia y ausencia de autoridad de algunos funcionarios.

Llama poderosamente la atención, la excesiva cautela con que algunos denunciantes se refieren a «posibles crímenes», no especificados, que se suscitan «en familia» o «entre familias» a los cuales las autoridades evadirían esclarecer y tramitar a la justicia.

La doctora Gisela Fernández, representante del ministerio público en la exposición central enfatizó acerca de la prevención y denuncia de la violencia de género, que ha causado en el país la muerte de 2 mil ochentaicinco mujeres en el último lustro.

Al mismo tiempo explicó la mecánica de los procedimientos legales para sustentar los casos y del curso de las operaciones investigativas, exhortó a que los munícipes confíen en la justicia y a no desmayar en exigir el esclarecimiento de todos los casos en una nebulosa procesal «ya que no hay crimen perfecto».

De su lado los munícipes reclamantes alegan que una patente desatención oficial ha convertido al otrora tranquilo poblado en un lugar en el que los hechos de violencia, narcotráfico, crímenes y delitos de toda laya, lo colocan con frecuencia en la crónica roja y las estadísticas como un lugar riesgoso, que adolece de orden público.

Citan casos como el de las comunidades Batista, Derrumbadero y la Rancha, entre otras, en las cuales se turnan cada 48 horas en el servicio únicamente a dos agentes policiales, quienes se excusan cuando se les requiere ante las querellas, porque no pueden abandonar el destacamento.

Lo cierto es que una espiral de violencia social e intrafamiliar, violaciones de niños, niñas y adolescentes, incestos, homicidios y asesinatos, atracos y robos que hasta hace pocos años eran extraños en el lugar, se han convertido en hechos comunes y recurrentes, de tan numerosos.

Expresaban con desconsuelo que por la lejanía de los centros de desarrollo urbano, los delincuentes actúan con pasmosa despreocupación, escabulléndose del municipio y sus alrededores una vez cometidos los ilícitos, mientras que los casos caen en el olvido por dejadez de las autoridades.

Mientras que el líder de la Pastoral Juvenil, Edison Montero, puso al desnudo la realidad del desorden callejero, que implica la música en muy alto volumen en las horas reservadas al descanso en las noches y las madrugadas, así como de las motocicletas y pasolas que circulan a alta velocidad dentro del poblado y en las carreteras de acceso.

Testimoniaba el hecho reciente, de desaprensivos que apostaban carreras de motovelocidad en el parque central, frente a la parroquia, ante la mirada indiferente de las autoridades competentes.

Dijo temer que en las próximas navidades El Cercado vuelva a figurar en el número 1 de la lista por el saldo de víctimas mortales por accidentes de tránsito que envuelve a jóvenes de ese municipio, al igual que encabezó las estadísticas por la misma razón en la Semana Santa pasada, arrojando la escalofriante cifra de 7 jóvenes fallecidos en plena juventud, la más alta del país, a causa del vértigo de la velocidad.

A todo esto, el capitán Alcántara aduce, casi a la defensiva, que ante algunas denuncias, caso específico de música altisonante, siendo que el número de efectivos policiales es tan escaso que un solo agente no compone una patrulla, el agente del orden que acude en solitario se ha visto precisado a «rogarles» a los imprudentes que «por favor bajaran el volumen».

Ante la gravedad y recurrencia de los hechos, quedó en el ambiente el acuerdo tácito de no esperar que transcurran más de tres meses, antes de convocar a un acto de seguimiento, en el que concurran las fuerzas vivas y el segmento poblacional más consciente y comprometido en enfrentar la preocupante situación.

Fuente Diócesis de San Juan de la Maguana