No existe manera alguna de esbozar el presente escrito, sin antes dejar por sentado la teoría relativa a los cambios de paradigmas que se produjeron en las fuerzas de defensas y de seguridad públicas en el hemisferio, a raíz del nuevo orden mundial que marcó la caída del muro de Berlín, y la unificación de las Alemanias oriental y occidental que concluyó con el periodo conocido como “la guerra fría”.

Arias Patricia, Granados Héctor y Fabián Marcelo (2012). En su ensayo titulado “Reformas Policiales en América Latina: Principios y Lineamientos Progresistas” indican que, – a mediados de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, América Latina vivió una serie de procesos que han determinado la dinámica de los intentos de reforma y fortalecimiento de los sectores de seguridad en la región; que durante ese periodo terminaron los conflictos armados internos y se firmaron los acuerdos de paz en Centroamérica, al tiempo que en los países del Cono Sur se retornaba a la democracia-.

De lo anterior se colige, que ciertamente la situación imperante en ese momento obligó a los gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil e instituciones precedentemente citadas, a impulsar el diseño y ejecución de políticas, planes y acciones encaminadas hacia una verdadera definición de roles, profundos cambios y de reformas institucionales acorde con los nuevos tiempos; lo mismo que, a estar preparados para hacer frente a las amenazas emergentes que hoy son una realidad común en todos los Estados.

Afirmar que tales reformas en América Latina son conquistas de Gobiernos, Organismos Internacionales, Sociedad Civil y de Las Propias Policías, se ha de entender que se trata de un esfuerzo loable, meritorio, compartido y participativo, que solo beneficia al bien común y como tal, a los ciudadanos y ciudadanas que propugnan por un clima de paz, seguridad y convivencia pacífica, garante de un verdadero Estado de Derecho al que se aspira en los países.

Desde los Gobiernos se elaboran políticas públicas que atañen a la policía de cara a la ciudadana cada vez más exigente; los organismos internacionales se convierten en grandes veedores u observadores de los procesos y procedimientos internos, y por mandato constitucional como es nuestro caso, las instituciones policiales se convierten en garantes del orden y la seguridad ciudadana.

En América Latina tenemos sobrados ejemplos de grandes reformas policiales como la producidas por Carabineros de Chile, Policía Nacional de Colombia y recientemente la Policía Nacional de Nicaragua; esta última, una policía basada en criterios de proximidad, proactividad, integración y prevención , que la convierten en un modelo a ser imitado en Centro, Suramérica y la Región del Caribe.

En el caso de la especie, la Policía Nacional de República Dominicana no se ha quedado atrás; y aunque no se haya logrado la reforma institucional a la que todos y todas aspiramos, es justo reconocer que se han dado importantes pasos de avances; cuyos cimientos datan desde (1992), año en que sus líderes comenzaron a hablar de reforma policial y a crear conciencia de la necesidad de producir los cambios que la situación del momento demandaba.

Lo mismo pasó durante el cuatrienio (1996-2000), época en que se produjo aumentos sustanciales en las escalas salariares de los policías, se erradicaron terminologías y procedimientos propios de las fuerzas militares, se realizaron las primeras reformas académicas en las Escuelas de formación básica y Academia para Cadetes, al igual que el inicio de la separación de roles institucionales entre Fuerzas Armadas y policía Nacional.

Avances sustanciales se lograron también en 2004, con la reforma a la antigua Ley Institucional No.6141, que databa desde 1962, trayendo consigo la ley 96-04 del 28 de enero de (2004). Esta ley produjo cambios en la estructura orgánica, naturaleza, objeto, carácter, formación continua, competencia, y se redefinieron y fortalecieron los roles institucionales. Un detalle importante a resaltar con la promulgación de esta ley lo fue, la abolición de la antigua “Plana Mayor Policial”, dando paso al hoy “Consejo Superior Policial”, presidido por primera vez por el Ministro de Interior y Policía, y sucedido por el Honorable Procurador General de la República.

Diez años después, y en virtud de que el tiempo es una magnitud física que transcurre desde el presente hacia el pasado y no tiene retroceso; que los cambios y las transformaciones institucionales están siendo demandadas por las autoridades dominicanas, la sociedad civil en su conjunto y por la propia institución del orden, después de varios años de debates en ambas Cámaras Legislativas del Congreso Nacional, recientemente se pudo lograr la obtención de una nueva ley de reforma policial (pendiente de promulgación), la que estamos plenamente seguros que ayudará a producir transformaciones institucionales con los que nos identificamos plenamente.

Existen grandes expectativas, la sociedad nos observa y está a la espera de que se produzcan; por tales motivos, de la manera más respetuosa y cortes posible, se ha de aprovechar esta ocasión para exhortar a nuestros hermanos policías a no resistirse al cambio, sino por el contrario, unirse al mismo con decisión y coraje. ¡Apoyemos la reforma Policial..! ; contribuyamos con ella para el beneficio de todos y todas.

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