Hacen dos décadas en la Republica Dominicana se gestó un movimiento social de tinte marcadamente progresista, tendente a posicionar en primer plano de la agenda nacional la problemática educativa y construir soluciones a los graves lastres de este sector.

Esos pujos iniciales se visibilizaron a partir del año 1989, y alcanzaron concreción en diciembre del 1992 con la firma y puesta en funcionamiento del primer Plan Decenal de Educación, el cual parió soluciones salvadoras para el sistema educativo preuniversitario. La crítica fundamental a esta iniciativa es que privilegió un solo nivel educativo, el Nivel Básico o Primario, como era denominado antes, descuidando los niveles Inicial y Medio, donde la inversión fue muy escasa.

Importantes iniciativas se concretaron, como fueron: atender el acceso a la escuela del cien por ciento de la niñez a la educación primaria o básica; la elaboración de un nuevo currículo para los niveles inicial, básico y secundario; la capacitación de los actores del sistema, que incluyo la titulación del 92 por ciento del magisterio nacional, que solo exhibía títulos de Bachillerato, menos de Bachillerato y Maestro Normal Primario. Además, este plan incluyó el mejoramiento de la infraestructura escolar; un sistema de concursos para directivos de centros; la creación de un mecanismo de control de calidad de los procesos de enseñanza, a través de Pruebas Nacionales para cuarto y octavo del nivel básico y cuarto de bachillerato, implementación de programas de alimentación escolar y mejoramiento salarial para los/as profesores/as.

Un aspecto fundamental, parido por el Plan Decenal 1992-2002 fue la creación de una nueva legislación educativa (la Ley General de educación número 66-97, concebida en su momento como una legislación revolucionaria.

El movimiento social por una mejoría de la educación reflejó un empoderamiento de la gente respecto a la necesidad de cambios cuantitativos y cualitativos en la educación dominicana, el cual se mantuvo robusto y la sociedad demandó que los gobiernos hicieran la inversión del cuatro por ciento del producto interior bruto en la educación pre-universitaria, consignado como norma desde 1997.

El actual gobierno de Danilo Medina ha logrado definir la anhelada inversión del 4% para la educación, y esta iniciativa es la gran estrella de su gobierno, por lo cual exhibe una altísima aceptación popular, gracias especialmente a esta feliz disposición del mandatario sureño.

Los efectos de esta inversión del cuatro por ciento del PIB en la educación no podrán ser medidos en el corto plazo. Será en el mediano y largo plazos, concretamente dentro de veinte o más años, que se comenzarán a ver los efectos de esta inversión, a partir de que logremos construir una sociedad mejor educada.

La Estrategia Nacional de Desarrollo también valoro como altamente necesaria la cualificación de nuestro sistema educativo, demando la realización de un nuevo Pacto Nacional para la Reforma Educativa en República Dominicana, el cual se firmó y puso en vigencia el 1 de abril del 2014.

El enfoque de la inversión gubernamental en el área educativa prioriza y enfatiza la construcción de infraestructuras físicas, no así los aspectos de la calidad de la gestión áulica, que es donde venimos reprobando año tras año, dentro de las mediciones cualitativas nacionales e internacionales a que somos sometidos en el ámbito pedagógico. Y un aspecto fundamental, pendiente redefinir es la gobernabilidad del sistema.

En términos de gobernanza, el sistema instruccional presenta graves fallas, al punto de que se pueden aniquilar todos los esfuerzos que se encaminan si este aspecto no es radicalmente enfrentado, estableciendo una eficiente y científica supervisión escolar y un fuerte y rígido régimen de consecuencias para quienes afecten el derecho constitucional de los/as niños/as y jóvenes a recibir su educación sin interrupciones fútiles.

En una organización –del tipo que sea- que no tenga perfectamente definida una línea de mando primará la anarquía y el caos. Es lo que históricamente viene ocurriendo en las escuelas públicas dominicanas, donde cualquier caudillo sindical local se abroga el derecho de paralizar la docencia; o por la muerte de un tío o abuelo/a de un maestro/a o un conserje, las clases se paralizan para ir a dar un pésame; o el día de pago, los maestros/as tienen que ir al banco a cobrar su salario y también se corta el servicio escolar; o las reuniones sindicales.

Es fundamental que esta parte sea atendida por el liderazgo del sistema educativo, a partir de la lógica deontológica, establecida en nuestra Constitución, que define en el artículo 63, la educación como un derecho.

• Compartir este artículo:
• Comentar