La política, junto al béisbol, es la gran pasión del pueblo dominicano. El entusiasmo político no es fortuito. Radica en que el pueblo desposeído tiene un encantamiento por los atractivos que ofrece el modelo populista y clientelar prevaleciente, seducción que tiene su explicación en la pobreza y el desempleo que castigan a la mayoría de los dominicanos/as, quienes ven en los cargos públicos la oportunidad de lograr ingresos para mitigar sus precariedades económicas. Igualmente, los cargos públicos dan status y estimulan movilidad social.

No es casual que el mayor empleador formal del país sea el Estado, porque las instituciones del gobierno funcionan básicamente como agencias de empleos y operan como maquinarias y/o plataformas del activismo partidario del grupo en el poder.

Nuestro país está tan altamente politizado, porque el quehacer político-partidario es una gran industria, que moviliza miles de millones de pesos provenientes del presupuesto estatal.

Este dinero los aporta el pueblo con sus tributos, a través de la Ley Electoral 275-97, que en su artículo 40, establece la forma de financiación pública de los partidos y agrupaciones políticas, segregando para esta finalidad el 0.5% de los ingresos nacionales en los años electorales y un 0.25% en los años no electorales.

Otra parte de los fondos usados en la campaña electoral provienen subrepticiamente de los ministerios e instituciones descentralizadas del gobierno, que groseramente son migrados para favorecer los precandidatos y candidatos del partido en el poder.

El sector privado participa también activamente en el patrocinio de las campañas electorales, invirtiendo abundantes recursos en los candidatos de mayor posicionamiento, para luego recibir con creces “favores” (contratos de compra, permisos de importaciones, adjudicación de obras de infraestructura, etc.), que permiten al/la empresario/a “inversionista” multiplicar lo invertido. También los empresarios aportan “por si acaso” en otros postulantes que las encuestan le dan un escaso puntaje.

La corrupción pública es un fenómeno hondamente enraizado en la República Dominicana, que provoca que más de cuarenta mil millones de pesos se desvíen a manos y bolsillos de políticos y empresarios privados.

El sector privado participa del modelo circular de la corrupción, aunque con el poder de sus medios de comunicación, desvían la atención y culpan solo a los políticos, presentándolo como los únicos tiznados.

Una asignatura pendiente que tiene el país, y en donde han reprobado las administraciones de gobiernos “liberales” que hemos tenido en los últimos veinte años, es definir y aplicar políticas públicas para la superación de la pobreza.

Todo el discurso de erradicación de la pobreza ha sido vacuo e infértil, porque hoy en la República Dominicana, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado.

En resumen, derrotar el modelo rentista vigente en la República Dominicana resulta cuesta arriba, hasta tanto no sean superadas las adversidades y limitaciones socioeconómicas de los “clientes”, que son el ejercito de dominicanos y dominicanas que venden su conciencia por un empleo público, o que están atados a las tarjetas de beneficencia o a las funditas y cajas de alimentos que con fondos públicos “regalan” los funcionarios de turno.

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