La nueva legítima defensa, un traje a la impunidad

En Editorial - Opinión  por

En los últimos tiempos he observado la “preocupación” de algunos legisladores dominicanos por hacerse autores de iniciativas legislativas como justificación ante sus electores de que no han pasado por el Congreso sin dejar algún legado. Esto los ha conducido a proponer un festival de proyectos de leyes en sus respectivas cámaras, que al analizarlos no les encontramos razón de ser; sin embargo en la mayoría de los casos son aprobados por colegas que aunque no se identifiquen con la pieza, procuran con ello recibir la reciprosidad de sus pares en los despropósitos que también les surjan.

Debemos asustarnos cuando nuestros legisladores salen del país, sea por trabajo o de vacaciones; ya que sin importar la diferencia de desarrollo o educación ciudadana, cuando observan que algo allí bien funciona lo cogen “por el moño” y dicen: “esto lo llevo para República Dominicana”. Algunos son tan pocos cuidadosos que en sus “copy page” dejan “colar” algunos términos muy autóctonos de las naciones  plagiadas y en otros casos lo arreglan tanto que caen en incoherencias y contradicciones. Ejemplo, Ley de Movilidad y Transporte Terrestre.

He estado leyendo con profundo estado de asombro el tema de la “legítima defensa” en una reforma al Código Penal Dominicano, en donde el legislador pretende que “cuando un intruso llegue a una vivienda habitada, quien en ella se encuentre puede repeler esa agresión, de cualquier manera bajo cualquier circunstancia y utilizando los mecanismos o elementos que tenga a la mano, sin que de ninguna manera pueda ser procesado o imputado penalmente”. Supremo adefesio, cuando tenemos ya esa figura plasmada en nuestra normativa jurídica.

El Código Penal Dominicano establece en su artículo 328, “no hay crimen ni delito, cuando el homicidio, las heridas y los golpes se infieran por la necesidad actual de la legítima defensa de sí mismo o de otro”. Prosigue en su artículo 329, “se reputa necesidad actual de legítima defensa, los casos siguientes: 1ero. cuando se comete homicidio o se infieren heridas, o se den golpes rechazando de noche el escalamiento o rompimiento de casas, paredes o cercas, o la fractura de puertas o entradas de lugares habitados, sus viviendas o dependencias; 2do. cuando el hecho se ejecuta en defensa de agresión de los autores del robo o pillaje cometidos con violencia”.

Así las cosas, recae sobre la defensa (del imputado) demostrar que el mismo actuó bajo la necesidad de “legítima defensa”; y el juez o jueza que conozca el caso tendrá que ponerle en libertad. Con la “nueva legítima defensa”, bastaría con que el hecho se produzca ante la intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón, delincuente o cualquier persona) y accione contra la integridad física o bienes patrimoniales del morador, quien podrá quitarle la vida al “intruso” sin ser procesado penalmente. Esto podría convertirse en un traje blindado para la impunidad de algunos crímenes que en lo adelante sean perpetrados.

Para ilustrar un primer escenario respecto a lo antes expuesto, supongamos que Pedro comete un homicidio contra  Juan en cualquier lugar, pero toma su cuerpo y lo lleva al interior de su vivienda. Pedro llama a la Policía y reporta que en el interior de su morada yace el cuerpo de un “intruso” que penetró a agredirle. El cuerpo de Juan es enviado al INACIF en donde se determina que fue muerto por un arma de las características de la de Pedro y éste declara que actuó en su “legítima defensa”. Como la nueva normativa establece que Pedro no puede ser procesado o imputado, ese caso tendría que ser cerrado.

Un segundo escenario sería que Juan sea invitado por alguna razón a la casa de Luis, pero allí se le produzca la muerte por disposición de Pedro; el resultado final sería el mismo que el anterior. Con este nuevo elemento configurado en la “legítima defensa”, podrían acabarse los “muertos de intemperie”, y todos terminarían bajo la cobija de haber sido dados de baja por legítima defensa. Lo único que puede establecer razonablemente si es un simple homicidio o un asesinato, es un juicio oral, público y contradictorio en donde se presuma siempre la inocencia del imputado, pero dejar a cargo de los accionantes, la puerta abierta para demostrar su culpabilidad; proceso este que paradójicamente está siendo asesinado por el legislador dominicano y no precisamente bajo “legítima defensa”.

Hago un llamado a la sensatez, cordura, prudencia y buen juicio de nuestros legisladores (de quienes me aseguraré lean este escrito), para que sopesen esa reforma a la “legítima defensa” y se eviten hechos que lamentar, mismos que podrían tocar sus propias puertas. El artículo 69 de nuestra Constitución establece que “toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto al debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas, entre las cuales cita el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial; el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratado como tal y el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”.

Si alguien se introduce a mi vivienda y me agrede, produciéndose la muerte del invasor; debería ser yo el mas interesado en demostrar  (sin que de ello quede duda), que entre esa persona y yo no existía previamente ninguna acción que provocara en mi la necesidad de quitarle la vida, y que por el contrario actué ante el inminente peligro que corria mi vida o la de uno de los míos. No producir un proceso judicial en cuyo escenario eso sea planteado, estaríamos haciendo un extraordinario aporte a la impunidad. Piénsenlo bien, honorables legisladores.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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