El 4% a la educación dominicana ha producido mas mal que bien

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REPUBLICA DOMINCIANA, 31 de enero del año 2017. Hace 19  años, en su primer periodo de gobierno, el Presidente Leonel Fernández, promulgó la Ley General de Educación 66/97, que resultó de un amplio proceso de discusión y negociación inspirado en la pretensión de cumplir uno de los grandes compromisos del Plan Decenal 92-2002.  No por casualidad esta ley establece la obligación del gobierno de dedicar el 16% del presupuesto total, o el 4% del PIB, a la educación preuniversitaria, debiendo escoger la variable que represente el monto mayor para el sector.  La consagración de estos porcentajes como mínimo a invertir en el sector educativo, se orientaba a enfrentar los principales problemas identificados en el diagnóstico del sector al inicio de los 90s.

A la llegada al poder, una de las primeras iniciativas del presidente Danilo Medina, fue poner en práctica el famoso 4% del producto interno bruto para la educación en la república Dominicana. Lamentablemente, los actores llamados a implementarlos no estaban preparados para ello. Surge una improvisación de gastos e inversiones de recursos que distaban mucho de lo que inicialmente se había concebido. Las autoridades de Educación no sabían qué hacer con tanto dinero y optaron por improvisar comprando terrenos sobrevaluados en donde se lucraban tanto los funcionarios del ministerio como los propios propietarios, en detrimento del Estado Dominicano.

Lo cierto es, que el principal objetivo por el que se designó ese porcentaje a la educación no ha sido logrado. La educación en nuestro país tiene muchas debilidades empezando por los recursos humanos. Todo bachiller que cree no servir para una carrera de importancia, termina cursando dos carreras elementales: derecho y educación. Al final los educadores terminan siendo abogados y los abogados terminan siendo educadores.

El gobierno debe centrarse en crear políticas públicas para el fomento de la educación en la República Dominicana. No es posible que una Asociación Dominicana de Profesores (ADP), cuando se le antoje convoque a una jornada nacional de sus profesores, en detrimento de las horas de clases que deben recibir los educandos. Es una aberración que sean los niños los que paguen las diferencias entre patrón y empleados. Algunas veces exigimos que se nos cumpla una serie de reivindicaciones, pero no estamos dispuestos a cumplir con nuestras propias obligaciones.

El estado dominicano debe de una vez y por todas solucionar ese cuello de botella que significan los profesores en este país. Se hace necesario cancelar de golpe y porrazo a todos los educadores del sistema y convocar inmediatamente a un nuevo concurso nacional e internacional en donde participen todos los que consideran ser merecedores de pertenecer al sistema educativo nacional. Sin embargo, debe existir un mínimo de formación, para que los educandos puedan optar por ser parte de ese conglomerado.

Ya está bueno que la ADP siga chantajeando al gobierno, creyéndose ley, batuta y constitución, por encima del bien y del mar. No puede ser que los profesores dominicanos cada vez que sienten deben tener una asamblea la agenden afectando las horas de clase de esos niños que nada tiene que ver con las decisiones desacertadas del gobierno y de las autoridades educativas.

Si queremos una educación acorde con los nuevos tiempos, deben los profesores abocarse a tomar en serio sus responsabilidades. Si desean realizar reuniones o asambleas de la naturaleza que sea, deben utilizar los feriados, sábados o domingos para ello, de lo contrario se convertirán en lo que dijo cierto obispo sanjuanero: “los maestros son unos ladrones del tiempo”. Y no es menos de ahí, cada vez que un educador suspende la docencia para asistir a alguna reunión en horario laborable, no hace mas que “robarse” ese tiempo que puede ser utilizado en la formación del alumno, para luchas sindicales.

 

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Departamento de Redacción, Diario Digital NotificaDO

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