La falacia de la oposición respecto al Fideicomiso Punta Catalina

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En estos días se ha puesto muy de moda la palabra «fideicomiso», figura creada en la República Dominicana en el año 2011, mediante la ley 189-11; a propósito de la constitución del fideicomiso que operará la administración de la planta termoeléctrica Punta Catalina, propiedad del Estado Dominicano; y que ha sido altamente criticado y descalificado por el liderazgo político nacional opositor (interno y externo) al gobierno que preside Luís Abinader.

Antes de hablar de «fideicomiso», es preciso definirlo como «el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes (en este caso el Estado Dominicano) transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales (la planta Punta Catalina), a una o varias personas jurídicas, llamadas fiduciarios (para este caso Fiduciaria Reservas), para la constitución de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido (todos los activos y pasivos de Punta Catalina), cuya administración o ejercicio de la fiducia será realizada por el o los fiduciarios según las instrucciones del o de los fideicomitentes (Antonio Almonte, como presidente de la Comisión Liquidadora de la CDEEE, representando al Estado) en favor de una o varias personas, llamadas fideicomisarios o beneficiarios (el mismo Estado Dominicano), con la obligación de restituirlos a la extinción de dicho acto (a 30 años o al cumplirse el objeto), a la persona designada en el mismo o de conformidad con la ley».

Si es cierto que conforme al artículo 5 de la precitada ley, «el fideicomiso se presume irrevocable y no podrá ser objeto de modificaciones, salvo que se establezca expresamente lo contrario en el acto constitutivo», no menos cierto es que en el contrato intervenido se establece un objeto específico por el cual fue constituido el fideicomiso y un plazo límite de 30 años, por lo que el mismo será extinguido al producirse cualquiera de las dos situaciones (cumplirse el objeto o vencerse el año).

Si le preocupase al pueblo dominicano que le están entregando todo a Fiduciaria Reservas, la cláusula 21.1 de dicho contrato establece que «EL FIDEICOMITENTE (El Estado Dominicano) podrá sustituir a LA FIDUCIARIA, con o sin causa, mediante una comunicación escrita del Comité Técnico con acuse de recibo, con al menos noventa (90) días de antelación a la fecha de efectividad de la sustitución, debiendo designar el fiduciario
sustituto, a efecto de que LA FIDUCIARIA pueda hacer formal entrega del Patrimonio
Fideicomitido». Quiere decir que en caso esa fiduciaria no administre a Punta Catalina conforme a lo concebido, podrá ser cambiada por otra fiduciaria en cualquier momento de la vigencia del fideicomiso.

La ley 189-11 estipula que «los fideicomisos irrevocables podrán ser excepcionalmente revocados por el fideicomitente, siempre que no hayan sido aceptados por el o los fiduciarios de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de dicha ley. Luego de su aceptación, el acto constitutivo de fideicomiso que no establezca expresamente su revocabilidad, se tendrá por irrevocable, no pudiendo ser modificado o revocado, salvo que se cuente con el consentimiento unánime del o de los fiduciarios y de los fideicomisarios». Es decir que aún fuese irrevocable, podría revocarse mediante acuerdo entre el Estado y la Fiduciaria Reservas.

Mediante decreto No.539-21, de fecha 3 de septiembre del 2021, el Presidente de la República designó un «Comité Técnico», integrado por los señores Celso José Marranzini Pérez, quien lo preside; José Luís Actis, Noel Báez Paredes, George Angel Reinoso Núñez y John A. De Armas, el cual funge como órgano auxiliar del Fideicomiso Punta Catalina, conforme al Reglamento  95-12 de la ley 189-11, dictado en fecha 2 de marzo del 2012 por el entonces Presidente Dr. Leonel Fernández, quien además promulgó la ley 189-11 de Fideicomiso.

Ese reglamento define los Órganos Auxiliares del Fideicomiso: «En caso de que se contemple la existencia de Juntas o Comités con carácter de auxiliares del fideicomiso, si por la naturaleza del mismo se justifique, deberá señalarse en el acto constitutivo, su forma de integración, atribuciones y normas de funcionamiento. En ningún caso dichas Juntas o Comités sustituirán al fiduciario en sus labores administrativas ni podrá el fiduciario eximirse de su responsabilidad ante tales órganos ni frente a terceros, debiendo siempre ejercer su labor como buen padre de familia».

Ese comité creado como «órgano auxiliar del fideicomiso», ha sido tomado por la oposición política dominicana para infundir temor y hacer cundir el pánico en una población ignorante sobre esa materia (relativamente nueva), generando la falsa percepción que el gobierno presidido por Luís Abinader ha entregado a Punta Catalina al sector empresarial. Es lamentable que un estadista del nivel del Dr. Leonel Fernández, en cuyo último gobierno fue creada tanto la ley 189-11 así como su reglamento de aplicación (decreto 95-12), se preste a tergiversar, criticar y descalificar el espíritu de ese fideicomiso, en sintonía y maridaje con Ramón Alburquerque, los peledeístas y otros opositores, por agenciarse el favor popular, lo cual sólo se justifica por dos razones: ignorancia o mezquindad (ambas que percibo ausentes en las figuras de esos personajes).

He sido un crítico de las malas acciones de este gobierno, al que considero como «improvisado», con funcionarios ineptos e inescrupulosos (en varios casos) dirigidos por un Presidente lleno de las mejores intenciones para desarrollar este país. Sin embargo, el fideicomiso de que se trata lo considero como el buque insignia del Presidente Abinader; es lo mejor que ha hecho desde que se instaló en el gobierno; algo apegado a todos los cánones legales, impregnado de las mejores intenciones y mayor nivel de pulcritud y transparencia. Quienes lo critican son aquellos que apuestan por el caos y desorden o los que todo lo quieren administrar para tener una «vaca lechera» que drenar y enriquecerse ilícitamente con cargo al erario.

Es falaz la aseveración que el actual gobierno está entregando a Punta Catalina al sector privado; el fideicomitente de ese fideicomiso lo es el Estado Dominicano, representado por el actual ministro de Energía y Minas, Ing. Antonio Almonte; el fideicomisario (dueño de lo existente y lo que generará) es el mismo Estado Dominicano, representado por el ministro de Hacienda del gobierno de turno; el administrador es la Fiduciaria Reservas, bajo similar criterio con que se maneja el banco (patrimonio del Estado). Ojalá y todo el erario nacional sea administrado por un fideicomiso de esa naturaleza.

El pueblo dominicano nada debe temer sobre ese particular; quienes deberían estar preocupados con el fideicomiso Punta Catalina, son en primer orden el gerente de Fiduciaria Reservas y el Administrador General de Banreservas (como su presidente del consejo de administración), quienes ante el menor mal manejo (de forma o fondo) de ese fideicomiso podrían enfrentar penas privativas de libertad de hasta 10 años; y en segundo lugar los que manejaron el proceso constructivo y administrativo de ese proyecto, ya que en caso que exista dolo, quedará evidenciado ante la advertencia del Señor Presidente, de auditar cada peso invertido en ese proyecto.

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Autor

Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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