EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), sometió este lunes una resolución donde solicita al pleno de la Cámara de Diputados proceder la interpelación  del Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz y al superintendente de Pensiones, Ramón Contreras Genao, para que respondan por el manejo y uso supuestamente irregular de los Fondos de Pensiones propiedad de los trabajadores dominicanos.

Los legisladores de la Fuerza del Pueblo indicaron en rueda de prensa que Valdez Albizu expresó su oposición a la modificación de la Ley 87-01, porque a su juicio provocaría “consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico” tildando de desafortunadas e improcedentes las propuestas legislativas.

Sin embargo, sostienen, que posteriormente a las declaraciones de oposición de Valdez Albizu, al uso de los Fondos de Pensiones que irían destinados directamente a los trabajadores, con la autorización del referido funcionario, las Administradoras de Fondos de Pensiones liquidaron instrumentos financieros por RD$ 40 mil millones de pesos que tenían en el Banco Central.

Agrega que “la operación realizada por el Gobierno dominicano implicó que el Banco Central recomprara títulos que tenían las AFP en esa entidad, para que éstas, a su vez, pudieran disponer de liquidez a los fines de adquirir los referidos títulos de deuda del Ministerio de Hacienda”.

Indicaron que estos  funcionarios públicos están sujetos a interpelar al autorizar la colocación e invertir en los bonos del Ministerio de Hacienda, “y no reparar en el monto autorizado a colocar y en la base legal que sirvió de sustento a la operación concretada, lo que sienta un precedente funesto e ilegal para el mercado de valores y para las AFP como inversionistas”.

Por tanto, dicen que esto constituye un despropósito por parte de las autoridades el que se haya ignorado la solicitud de los trabajadores con argumentos técnicos y que sea el propio Gobierno el que, con esta operación, haya pulverizado sus propios argumentos, al acceder a 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones de forma irregular y en prejuicio de sus legítimos propietarios que son los trabadores dominicanos.

“Esta operación, además de ser una triangulación que impacta en la institucionalidad del sistema de pensiones y de las normativas presupuestarias, constituye una visión distinta con respecto a la enfática declaración emitida con anterioridad por el gobernador del Banco Central y el propio Ministro de Hacienda en relación al uso de esos fondos de pensiones y las propuestas legislativas de devolverle a los trabajadores un porcentaje”, expresa el documento leído por el vocero de la bancada.

Henry Merán dijo que no obstante en fecha 29 de abril de 2020, el Ministerio de Hacienda, registró ante la Superintendencia de Valores (SIMV) una colocación de RD$30,000 millones, dirigidas a cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones: Popular, Crecer, Reservas y Siembra.

“Tomando cuenta que a pesar de que el facsímil del registro de la colocación ya referida, establece un monto de RD$30,000 millones, el monto que han dado a conocer las autoridades oficiales alcanza los RD$40,000 millones, a razón de RD$10,000 millones por cada AFP, lo que representa una diferencia de RD$ 10 mil millones no registrados y autorizados a tranzarse debidamente en el mercado de valores dominicano”, expresó Merán.

El legislador argumentó que no permitirán que este gobierno “estafe” al pueblo dominicano “por lo que acogiéndonos a la Constitución de la República, en su artículo 6, dispone que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, exigiendo la nulidad de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Carta Magna”.

Añadió que “como bloque de legisladores de la Fuerza del Pueblo, en nuestra facultad legislativa, por mandato constitucional, de interpelar a los ministros y viceministros, al Gobernador del Banco Central y a los directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, así́ como a los de entidades que administren fondos públicos sobre asuntos de su competencia, llamamos a esos funcionarios a explicar esa transacción sospechosa que solo beneficia a las administradoras de Fondos de Pensiones más sin embargo son esos mismos funcionarios los que le niegan a los dueños del dinero que son los trabajadores que cotizan obtener una proporción de su dinero”.