Ing. Cristian Hidalgo

Los funcionarios y la declaración jurada

En Editorial  por

El 12 de agosto del año 2014, el Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y designa la Cámara de Cuentas como órgano de control, fiscalización y aplicación de  la misma.

La normativa jurídica establece que “el patrimonio que se demuestre constituye enriquecimiento ilícito a favor del funcionario público o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o relacionados, será sancionado con la pena de cuatro (4) a diez (10) años de prisión mayor, una multa igual al duplo del monto del incremento y, como pena complementaria, la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez (10) años, luego de cumplida su condición de privado de libertad”.

Según la nueva ley, aquellos funcionarios que no presentaren su declaración en el plazo establecido – (30) días siguientes a su toma de posesión – u omitan o falseen información sobre su patrimonio, serán penalizados con las sanciones previstas en la Ley 41-08 de Función Pública o con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de veinte (20) a cuarenta (40) salarios mínimos del Gobierno Central, según el caso.

Según información servida en el mes de octubre por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, mas de dos mil funcionarios no habían presentado sus respectivas declaraciones juradas de patrimonio. La reacción de palacio no se hizo esperar y el ministro Gustavo Montalvo informó que todos los funcionarios que al 30 de noviembre no hayan presentado declaración jurada de bienes quedarán excluidos de la nómina pública, bajo el entendido de que el gobierno interpreta como una renuncia a sus funciones el hecho de que un servidor público no cumpla con lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

Vencido ese plazo, aun muchos funcionarios no han hecho su declaración jurada, sin embargo, no se ha visto el primer decreto destituyendo a un funcionario por tan grave falta, peor aun, el ministro ha puesto a rodar su palabra, toda vez que no ha dicho “esta boca es mía” en lo referente al caso. Lo cierto es que aunque se trate de evidenciar lo contrario, en estos gobiernos peledeistas los funcionarios hacen de sus ministerios, direcciones y departamentos, islas de poder en donde se ubican por encima del bien y del mar, sin un régimen de consecuencia real que los sancione.

Peor es el descaro de esos funcionarios que ante los ojos de todos mienten abultando o comprimiendo sus declaraciones sin que nadie diga nada. Ver las declaraciones de los que entran nuevos, se inventan propiedades que no poseen, sobre valúan las que tienen y declaran acreencias que solo existe en sus mentes, con el objetivo de saquear las instituciones en las que son designados y al hacer su declaración jurada de cierre, convierten en verdad su invento de inicio.

Los funcionarios ranqueados, hacen todo lo contrario: ocultan bienes, los ponen a nombre de testaferros, pero los que realmente tienen los sub valúan para disminuir su patrimonio. Conozco el caso de funcionarios de primer orden que inmuebles de 30 millones de pesos las han declarado por 4 millones, vehículos de 5 millones los declaran por un millón y así sucesivamente.

El presidente de la república ha presumido siempre la seriedad de sus funcionarios y se ha mofado de decir que en su gobierno no hay corrupción. Deberá en lo adelante adoptar la famosa frase de Balaguer: “la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho”, porque en lo concerniente a sus funcionarios, son tanto o mas corruptos que los de pasadas administraciones, con la salvada diferencia que en esta ocasión tienen un padre ciego, sordo y mudo.

La Cámara de Cuentas, en su calidad de órgano de control y fiscalización, debe proceder a hacer una auditoría a todas y cada una de las declaraciones juradas que le han presentado los funcionarios. Que ponga a disposición de la justicia ordinaria a todo el que ha quebrantado la actual pieza jurídica en la materia y que el pueblo dominicano conozca a todo el que ha pretendido asaltar y saquear el erario guardando la forma.

Si las palabras de Montalvo se quedaron en el aire, mucho mas arriba se quedarán semejantes aspiraciones, cuando los mismos miembros de la Cámara de Cuentas de nuestro país tampoco son “sacerdotes ni santos”, son piezas de este ajedrez igual o peor que los que infringen la ley que ellos están compelidos a salvaguardar. También ellos entran al estado dominicano en busca de un “mejor modo de vida”.

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Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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