El pasado 10 de junio del 2022, en un cónclave denominado “Cumbre de las Américas”, celebrado en Los Ángeles, California, unas 20 naciones compuestas (además del anfitrión) por Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, se abocaron a firmar la  “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, un acuerdo multilateral con el que se pretende equilibrar (entre otros) la recepción del éxodo haitiano.

En aquella ocasión, nuestro presidente Luís Abinader se abstuvo de firmar la pieza, arguyendo que “no le dio tiempo a discutir el tema con el Consejo Nacional de Migración”, algo muy bien visto por los dominicanos, bajo la premisa que nuestra política migratoria debe ser definida por nosotros y no impuesta por fuerzas externas; además de que seríamos los más sacrificados con los vecinos de la parte occidental. Sin embargo, hay un refrán popular que dice: “el que paga es el que manda”.

Extrañamente se presentó al palacio nacional el pasado 27 de octubre, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, exigiendo al gobierno a aprobar una normativa sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales, que facilite el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños, conforme lo pactado en Los Angeles.

Así las cosas, con semejante “jalón de oreja”, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso el controversial «proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes», en el que se contempla que “la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito; que deben realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique;  gestionar un permiso de trabajo y cualquier otro que les sea necesario, ante las instituciones estatales correspondientes; optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas (organismo que sería fundado conjuntamente con la aprobación del proyecto); dispondrían además de tiempo para su recuperación y reflexión, participar de programas de atención, garantías de albergue seguro y especializado y la confidencialidad de sus datos; entre otras prerrogativas».

Evidentemente esta iniciativa ha caído a la población dominicana como un balde de agua helada, lo que ha sido capitalizado por la oposición política nacional. Al respecto se han referido Miguel Vargas Maldonado, del PRD; Abel Martínez, del PLD; y Leonel Fernández, de la FP. Estamos en un año pre electoral en donde sus principales actores deben hilar muy fino en las decisiones que toman, mismas que repercutirán positiva o negativamente en sus respectivos proyectos políticos.

Importantes firmas encuestadoras se mantienen midiendo las preferencias electorales del dominicano; los candidatos toman esos resultados como herramienta de trabajo para fortalecerse en aquellos puntos en donde se perciben débiles. Se hace preciso establecer una línea de acción, elaborar estrategias y tributar contundentes golpes al adversario para aturdirlo o derribarlo; los veremos a todos procediendo en esa dirección exhibiendo sus mejores galas.

El indiscutible candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, como viejo zorro político hizo una jugada maestra en ese tablero de ajedrez, pretendiendo poner al rey en jaque mate. Hábil, tenaz y estratégicamente conminó al presidente Luis Abinader ordenar el retiro de la pieza del Congreso, advirtiendo de que esta violenta “la autodeterminación y soberanía del país”, catalogándola  como un “mamotreto jurídico”.

Con semejante reto, se coloca ipso-facto en el paredón al presidente Abinader, de donde le quedaban dos huecos de salida: de uno podría salir aniquilado y del otro con razguños (nadie que se pelee con un tronco de javilla podría salir ileso); si insistía en aprobar el proyecto de ley, habría quedado bien parado ante los gringos, pero se hubiese aniquilado en el electorado dominicano, episodio que hubiesen recordado a cada minuto sus opositores; si lo retirase (como en efecto lo hizo), estaría en sintonía con el pueblo, pero sobre la base de dirigir un Gobierno improvisado, incapaz de defender sus posiciones de políticas públicas; y “reculando” por presión social; además del seguro “jalón” de oreja que recibirá de los amos del país.

Mientras los pilotos decimos que “es mejor estar abajo deseando estar arriba, que arriba deseando estar abajo”; los políticos consideran lo contrario: “es mejor estar arriba con presión, que abajo con depresión”. Así las cosas, el presidente Abinader no comprometerá su reelección con ningún acontecimiento que pueda amenazarla. Si ese proyecto precisa de aprobación, será a partir de agosto del 2024 en que será aprobado, aunque ello le cueste la “bembita” de los gringos. ¿Hizo bien?

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