Entréguela usted mismo

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En República Dominicana, conforme al Ministerio de Interior y Policía, existen unas 236,678 armas de fuego registradas en poder de la población; de esta cantidad, 61.65% (146,000) corresponde a pistolas; y el 28.28% a escopetas. Sin embargo, a pesar de ser elevado el número de armas cortas en manos civiles, lo más preocupante y alarmante es la cantidad que no registra el ministerio y de las cuales (por obvias razones) no se posee estadísticas.

Conforme a una publicación el pasado año por el Observatorio de Seguridad Ciudadana del país, de 742 homicidios registrados, el 48% fue perpetrado por algún tipo de arma de fuego. Si bien es cierto que hubo una reducción del 7.6% respecto al año anterior, no menos cierto es que se hace urgente la creación de políticas públicas tendentes a sacar las armas de fuego ilegales de las calles del país; limitar la expedición de licencia sólo para la tenencia; y que aquellos casos en que sea expedida la de porte, su beneficiario haya aportado al Ministerio de Interior y Policía, sobradas razones y demostrado clínicamente su capacidad para portarla.

Cabe recordar que en el año 1993, un dominicano llamado Fernando Mateo (por iniciativa de su hijo Fernando de 14 años), quien se dedicaba a la venta de alfombras en la ciudad de Nueva York (hoy vocero de los bodegueros), estableció el «cambio de armas de fuego por juguetes», en el que cualquier ciudadano que posea un arma de fuego ilegal la llevaba y se le entregaba a cambio un bono por US$100.00 para la compra de juguetes. Ello significó una gran sorpresa para  el director de la policía de Nueva York, Raymond W. Kelly, ya que en apenas cuatro días, la estación 34 de policía había intercambiado 330 armas, sin que se identificara a quienes las llevaban.

En la ciudad de Miami hace aproximadamente 10 años pude observar un programa similar  establecido por la policía, consistente en entregar US$1,000 de recompensa a quien reporte un arma de fuego ilegal en manos de algún particular. Allí los ciudadanos ya no sólo se cuidaban de las autoridades, sino también de vecinos y particulares que permanentemente andaban con sus sensores y radares encendidos detrás de algún motivo que convierta una simple llamada en mil dólares.

En nuestro país fue promulgada la ley 631-16, una excelente pieza jurídica para regular todo lo concerniente a la importación, comercialización, porte y tenencia de armas de fuego y municiones. Es una pieza que no tiene desperdicio para que el Estado asuma con eficiencia y responsabilidad el control de las armas de fuego en manos de particulares.

Visto todo lo anterior, propongo al nuevo gobierno que encabezará a partir del 16 de agosto próximo el Lic. Luís Abinader, establecer un programa compuesto por dos fases, una primera que se denominaría «Entréguela usted mismo», mediante el cual durante un período de 30 días, todos los ciudadanos que posean algún tipo de arma de fuego ilegal, pasen por su respectiva gobernación provincial a hacer entrega voluntaria de la misma, entregándoseles a cambio un bono de RD$5,000.00 por cada arma de manufactura industrial y un libro por las de fabricación cacera.

Vencidos los 30 días, poner en marcha la segunda fase que sería al tenor del artículo 66 de dicha ley, que sanciona «con una pena principal de tres (3) a cinco (5) años de privación de libertad cuando se trate de armas de fuego de uso civil y de seis (6) meses a dos (2) años en los demás casos, así como el decomiso del arma y demás artefactos y al pago de una multa equivalente de veinticinco (25) a cincuenta (50) salarios mínimos del sector público»; ofreciendo un bono por RD$15,000.00 (aplicables a una tarjeta de Solidaridad), a quien denuncie la tenencia por algún particular, de un arma de fuego ilegal de manufactura industrial, y de RD$2,000.00 si es de fabricación cacera.

Los fondos con los cuales se alimentaría dicho programa, provendrían de las multas impuestas a los infractores, mismas que en el día de hoy oscilan entre una mínima de RD$250,000.00 a una máxima de RD$500,000.00; por lo que en un país en donde el salario mínimo oficial ronda los RD$10,000.00, se convertiría en un excelente oficio andar con ojo avizor y el radar permanentemente encendido en busca de algún motivo que convierta una simple llamada telefónica en RD$15,000.00.

Como podemos ver, nuestro bello país posee en su estructura legal las herramientas necesarias para el orden; sólo hace falta voluntad política de los gobernantes de turno. Si el señor Jesús Vásquez (próximo ministro de Interior y Policía) y el presidente Abinader quieren un matrimonio con la gloria, aquí les dejo esta propuesta que podrían poner en marcha inmediatamente asuman el control del Estado. Si así lo hiciesen, la historia escribiría sus nombres con las indelebles letras de diamante.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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