El próximo primero de abril se habrán cumplido diez meses de mandato del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, considerado el mas joven presidente de Latinoamérica, mismo que al ser evaluado entre los mejores valorados por sus electores, no cabe duda encabezará la lista de los latinoamericanos y tal vez del mundo; quien ganó las elecciones con mas del 53% de los votos en primera vuelta en la boleta del GANA (una organización política creada en el 2010), dejando en el terreno de juego a los dos partidos mayoritarios ARENA y FLMN, que por mas de tres décadas protagonizaron un bipartidismo en el país. Sin embargo, ese estrellato dejó sus secuelas en la Asamblea legislativa, un organismo compuesto por 84 miembros de los cuales apenas 10 corresponden al partido de gobierno.

Al asumir la presidencia de El Salvador, a pesar de tener el apoyo popular, al joven mandatario le ha tocado vivir un vía crucis que de no cambiar su beligerante actitud hacia los poderes fácticos, legislativo y judicial, podría terminar en el monte calvario. Es evidente ante los ojos del mundo que el presidente Bukele ha impartido cátedra de cómo se gobierna una nación con pulcritud, transparencia y en beneficio de las grandes mayorías; sin embargo, es obvio que su manejo con esos sectores que le adversan no ha sido el mejor, llegando inclusive a llamarles “delincuentes” y “asquerosos” a los legisladores; soez vocabulario impropio para un jefe de Estado, sobre todo hacia sus parlamentarios, a quienes debe respeto y manejo del protocolo.

Al declararse la República de El Salvador en estado de emergencia nacional, el presidente Bukele dispuso una cuarentena domiciliaria obligatoria por espacio de 30 días, como medida para evitar la propagación de la pandemia que ha azotado al mundo y que hasta ese momento había tocado la puerta de 3 salvadoreños. Ante ello, cientos de miles de trabajadores formales e informales se vieron compelidos a refugiarse en sus hogares, debiendo ser los salarios de los formales privados pagados por sus patronos, a lo que inmediatamente se opuso la ANEP y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL).

Una vez instalado Nayib Bukele al frente de la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa se ha encargado de boicotear y sabotear todas las medidas económicas y sociales del ejecutivo, como si se tratase de un pugilato en el que se pretende demostrar quién tiene mayor fuerza. Una de esas desacertadas medidas de la Asamblea Nacional de mayoría opositora (74/84) en contubernio con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) fue conocer y aprobar en el día de ayer un proyecto de “interpretación auténtica” del decreto 593 de emergencia nacional, en el que se obliga al Instituto Salvadoreño del Seguro Social a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora con cuarentena; cuando en realidad su compromiso sólo debe limitarse a los afectados del Covid-19.

Por disposición expresa de esta disposición legislativa, todos los trabajadores que estén guardando la cuarentena dispuesta por el ejecutivo, tendrán derecho al subsidio desde el primer día hasta la finalización de la misma, no importando si estos estuviesen enfermos o no. Con esta arbitraria y temeraria medida, la Asamblea Legislativa no sólo se coloca de espalda a los mas sanos intereses nacionales de El Salvador, sino que induce a una “quiebra” al Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), segunda mas importante entidad médica del país, según lo declarara su directora general Delmy Cañas de Zacarías a través de su cuenta de Twitter, argumentando que con ello los diputados cometen un crimen de Lesa Humanidad, al dejar sin recursos a esa institución en plena pandemia por el Covid-21.

Obviamente el presidente Bukele no se ha quedado callado y como “gallo de pelea” arremete contra la Asamblea Legislativa, advirtiéndoles que tendrán que enviar al ejecutivo dicha medida para fines de promulgación, en la que hará uso del derecho al veto que le consagra la Constitución de la República, convirtiendo de ese modo en letras muertas la iniciativa legislativa. Sin embargo, el presidente parece soslayar que de la misma manera que la Constitución le otorga el poder del “veto”; a la Asamblea Legislativa le otorga la facultad para que ante un veto presidencial, con la ratificación de las 2/3 partes de la matrícula de los legisladores electos, esa pieza se convierte ipso-facto en oficial, aún no sea promulgada por el ejecutivo.

En febrero próximo serán celebradas las elecciones congresuales en el país, para elegir a los nuevos legisladores que durante tres años compondrán ese poder. En esas elecciones el partido Nuevas Ideas liderado por el presidente Bukele, con el apoyo popular del que es éste acreedor podría conquistar mayoritariamente esas curules; sin embargo, hasta que ello ocurra, el nuevo presidente deberá vestirse con el traje de la diplomacia, la sensatez, la cordura y la paciencia. Declararles la guerra a esos poderes sería como jugar a la lotería y comprarse todos los billetes. Conforme a la Constitución, es a la Asamblea Legislativa a quien corresponde designar a los miembros (incluyendo al presidente) del Poder Judicial del país, por lo que este órgano, aunque su esencia es de carácter “independiente”, siempre deberá lealtad a sus amos de la Asamblea que los designa y no al Presidente.

Conforme a la misma Constitución de la República, la Asamblea Legislativa tiene la potestad para con el voto favorable de 56 de los 84 miembros de su matrícula (2/3 partes) declarar la “incapacidad” del presidente de la República, con la sola condición de que una junta de 5 médicos precisamente designados por ellos mismos exprese tal incapacidad, con lo que podrían separarlo del cargo. Se hace mas que necesario que por la gobernabilidad del país, el presidente Bukele asuma una actitud mas pacificadora, porque de persistir de bravucón, las consecuencias podrían ser las menos deseadas. La Asamblea Legislativa concentra un exagerado poder constitucional que demanda en lo inmediato con la juramentación de la nueva asamblea, una reforma constitucional para adecuar a los nuevos tiempos la anacrónica que data de 4 décadas.

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