Por una nueva Constitución para Panamá

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La Asamblea Nacional de la República de Panamá se aboca en los actuales momentos a conocer la reforma de la vieja Constitución que data de octubre del 1972, con 328 artículos en su composición. De ella se pretende modificar 32 artículos de los existentes y agregar otros 9 que la harán tan voluminosa en la forma como ambigua en el fondo.

Es tétrico que el órgano llamado a producir esa transformación (un congreso unicameral constituido por 71 diputados), muchos de cuyos asambleístas se mofan de ser los “mega legisladores”, no sean capaces de producir una reforma integral seria acorde a los nuevos tiempos, cuyo resultado sea una nueva Constitución, y sigan por el contrario,  cobijados por una Carta Magna anacrónica, propia de los inicios del pasado siglo.

Entre todas las debilidades de las que adolece, uno de los principales problemas es que asuntos que deben ser regulados por leyes adjetivas, son en ella consagrados; mientras que temas de alta trascendencia de Estado y de interés nacional que deberían ser consignados en la Constitución, quedan fuera de ella.

Un ejemplo lo pone de relieve el artículo 70 respecto a lo laboral, “La jornada máxima de trabajo diurno es de ocho horas y la semana laborable de hasta cuarenta y ocho; la jornada máxima nocturna no será mayor de siete horas y las horas extraordinarias serán remuneradas con recargo. La jornada máxima podrá ser reducida hasta a seis horas diarias para los mayores de catorce años y menores de dieciocho”.

“Se prohíbe el trabajo a los menores de catorce años y el nocturno a los menores de dieciséis, salvo las excepciones que establezca la Ley. Se prohíbe igualmente el empleo de menores hasta de catorce años en calidad de sirvientes domésticos y el trabajo de los menores y de las mujeres en ocupaciones insalubres. Además del descanso semanal, todo trabajador tendrá derecho a vacaciones remuneradas”.

Continúa dicho artículo, “La Ley podrá establecer el descanso semanal remunerado de acuerdo con las condiciones económicas y sociales del país y el beneficio de los trabajadores”. En sentido general, del 70 al 79 regula las condiciones de trabajo que deben ser regidas por el Código de Trabajo que mediante decreto de gabinete No.252, del año 1971 y publicado en febrero de 1972, aprobara el Poder Ejecutivo a esos fines, mas no por la Constitución.

Es una ignominia y por demás absurdo que la Constitución permita el trabajo a los niños de 14 a 18 años, lo cual debe ser considerado explotación infantil, toda vez que la escolaridad básica del menor puede ser interrumpida como consecuencia de ello; además de que es un incentivo a la decersión escolar, propiciada por quien debe consagrar como fundamentales los derechos de la niñez.

Algo que llama poderosamente la atención es el ilimitado poder que la Constitución concentra en torno a la figura del Primer Mandatario durante el ejercicio de sus funciones, mientras que una vez dejado el cargo lo convierte en el ciudadano mas vulnerable del país. Por un lado el Presidente junto a su gabinete es quien designa a todos los jueces del sistema judicial, así como al Procurador General de la República, lo que constituye un blindaje que le otorga patente de corso para hacer cuantas travesuras se le ocurra.

Ese poder lo faculta el artículo 200, numeral 2, que “otorga al Consejo de Gabinete la facultad de: “Acordar con el Presidente de la República los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración, y de sus respectivos suplentes, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional”. Es dejar en manos del presidente y sus empleados la designación de quienes podrían procesarles judicialmente.

Por otra parte, la Asamblea Nacional, en virtud del artículo 163, numeral 7, tiene prohibido: “Exigir al Órgano Ejecutivo comunicación de las instrucciones dadas a los Agentes Diplomáticos o informes sobre negociaciones que tengan carácter reservado”. Ello le permite al presidente de turno celebrar negociaciones sin control con extrema libertad durante su mandato sin temor a ser fiscalizado por la asamblea nacional.

Ese mismo poder concentrado en torno a la figura presidencial, se le revierte cuando la Constitución establece en su artículo 18, que “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas”.

En su artículo 180: “No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”. La nueva reforma, establecería que: “No podrán ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República quienes hayan sido condenados por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”. Ello significa, que no tendría que ser 5 o mas años como establece la actual Constitución.

Con todas las influencias que ejerce el Primer Mandatario sobre la justicia en el país, le deja en sus manos las herramientas para descalificar a cualquier líder opositor, bastando sólo abrirle un proceso judicial por cualquier hecho punible y logrando su condena mediante una sentencia firme. Es el caso de los expresidentes Martinelli y Varela (el primero, con posibilidades de ser elegido presidente en el año 2024). Es importante resaltar que la Constitución panameña prohíbe la reelección presidencial, y sólo pueden ser candidatos nueva vez al dejar transcurrir al menos dos perídos a partir de su mandato.

Si el artículo 30 de la Constitución expresa que “no hay pena de muerte, de expatriación, ni de confiscación de bienes”, envía un claro mensaje y mala señal a los funcionarios que malversen fondos públicos y se enriquezcan ilícitamente, ya que nada de lo que así adquieran les será quitado. Es como decir que la actual Constitución blinda y protege a los corruptos.

Otro gran adefesio constitucional lo constituye que si es cierto que el 85% de los panameños es de preferencia católica, no menos cierto es que el 15% restante no lo es. El artículo 107 discrimina a ese importante segmento de la población, al consagrar que “se enseñará la religión católica en las escuelas públicas, pero su aprendizaje y la asistencia a actos de cultos religiosos no serán obligatorios cuando lo soliciten sus padres o tutores”.

En lo referente al sistema electoral, dedica todo el capítulo II, en sus artículos del 135 al 141 al sufragio; aunque el derecho a elegir y ser elegible es constitucional, los detalles para regular el mismo debe ser por el Código Electoral, que dicho sea de paso en su título I, capítulo I regula el sufragio y el padrón electoral.

En la República de Panamá se hace mas que necesario urgente que en estos tiempos, en una división política conformada por 10 provincias y 5 comarcas indígenas, que se establezca un Senado de la República para un congreso bicameral, en donde la asamblea nacional no esté constituida sólo por los 71 diputados actuales, sino también por al menos 15 senadores.

La Asamblea Nacional debe postergar la reforma a la Constitución que en este momento cursa en la misma; en cambio convocar a todas las fuerzas vivas de la nación, para producir no una reforma per se, sino una nueva Constitución acorde a los nuevos tiempos; porque la existente es un traje a la medida para el presidente de turno, pero la principal verdugo para quien pudiera pretender retornar.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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