El 20% de reserva candidaturas a cargos de elección

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La Junta Central Electoral dominicana tiene bien establecidas sus funciones en la Constitución, la Ley de Partidos y la Ley de Régimen Electoral. Entre sus prerrogativas está la organización de los diferentes certámenes electorales que se celebren en el país. Estamos a menos de un año de las elecciones generales, en las que nos abocamos a elegir 4,100 nuevas autoridades, entre el presidente y vicepresidente de la república, hasta los vocales de juntas distritales.

Nuestro máximo organismo electoral ha dispuesto retirar a la dirección de los partidos políticos, la facultad de decidir la modalidad de elección de sus candidatos; medida a la que aunque no se opone del todo la principal fuerza política del país, ha pretendido su excepción de la misma, con el pobre argumento de que al momento de la JCE disponerlo, ya sus organismos habían decidido celebrar primarias «semi abiertas», por lo que no les afectaría dicha resolución.

Del mismo modo, luego de ser aprobado por un congreso del que son mayoría absoluta, la eliminación del arrastre del senador por los diputados, llevándolos inclusive en boletas separadas, parece que actuaron sin pensar y luego pensaron tarde; hacen otra rabieta respecto al tema, restándole inclusive calidad a la JCE para actuar en esa dirección, no obstante ser ellos mismos quienes lo debatieron primeramente en el seno de su Comité Político y luego lo enviaron enlatado a su Congreso para el trámite burocrático de aprobación. Con meridiana claridad se establece en nuestras normativas electorales que en el presente proceso electoral hay 4 niveles de elección, siendo la senaduría uno de ellos. Así las cosas, cada senador tendrá que buscar sus votos; y quien que no logre concitar el apoyo de la mayoría, deberá conformarse con haber participado.

Por la salud de la democracia misma y evitar en el mañana que ningún partido obtenga un poder tan absoluto que los convierta en dictadores, presentar los 4 niveles de elección será lo mejor que pueda ocurrir. Eso nos permitirá como ciudadanos conscientes elegir un diputado por un partido y al senador por el partido contrario. Con un congreso bicameral en el que una cámara sea de mayoría oficialista, mientras que la otra sea de mayoría opositora, no existiría un gobierno desbocado sin que alguien le ponga un «estate quieto» en sus absurdas acciones. Así está hoy conformado el Congreso de los Estados Unidos, el Senado controlado por el oficialismo y la Cámara de representantes por la oposición.

No conforme con lo anterior, un sector de la principal fuerza política del sistema, pretende tergiversar y festinar la esencia del artículo 58 de la Ley de Partidos, que establece: «En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes».

De 32 candidaturas a senadores podrían reservarse 6 para dirigentes del partido y alianzas con otras organizaciones; 38 diputaciones, 31 alcaldías e igual porcentaje para las juntas distritales. Pretende ese grupo  sin embargo, extraer un 20% de la sumatoria de todos los cargos de elección popular, equivalente a 820 posiciones; dentro de estas imponernos a todos los actuales senadores, diputados y alcaldes que ejercen tales funciones. Lo que pretende ese sector es que sólo se celebren primarias para elegir concejales, directores de juntas con sus vocales; y al candidato presidencial.

Cabría imaginarnos que todos los partidos del sistema hagan lo mismo y se reserven el 20% de la generalidad. Estaríamos hablando de 820 plazas, cuando el total de las senadurías, las diputaciones, las alcaldías con sus vice alcaldías y las juntas distritales de todo el país, suman  770 cargos de elección popular (32 senadores, 190 diputados, 158 alcaldes, 158 vice alcaldes y 232 directores de juntas). ¿Qué sentido tiene que se gasten una fortuna como la que implica el montaje de ese proceso sólo para elegir concejales, sub directores de juntas y vocales?

Sería un despropósito pretender tal adefesio; un atentado a la democracia, que vulnera el sagrado derecho de ser elegido que ostenta cada ciudadano; y una felonía o puñalada trapera a miles de dirigentes de esa organización que por ambición de unos cuantos, implantaron en el pasado proceso electoral, la famosa  «reelección por reelección», sacrificando a aquellos que habían gastado hasta lo que no podían, para ocupar una de esas posiciones. La dirigencia media y de base de ese partido debe oponerse tajantemente a semejantes pretensiones.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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