El gran negocio del gobierno dominicano con el caos del transporte

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Existe un postulado que expresa: «nadie puede prevalecerse de su propia falta». En teoría suele escucharse o leerse muy bonito; de hecho, podría tener peso en los tribunales, en acciones propias de la vida cotidiana; pero cuando se trata del Estado Dominicano, las cosas son diferentes.

En los actuales momentos, nuestro parque vehicular se sitúa en 4.3 millones de vehículos de motor, constituyendo los motoristas la mayor parte, con 2.4 millones de unidades;  915 mil son automóviles; 460 mil jeepetas y 550 mil vehículos de carga de materiales y pasajeros. Tomando en cuenta que de 10 millones de dominicanos, 7.4 millones somos ciudadanos, existe 5.8 vehículos por cada 10 dominicanos mayores de edad en nuestras vías de circulación.

Al promulgarse la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (una réplica de la española), que sustituye la vieja 241 que había regulado nuestro tránsito desde el año 1967; de romántico e iluso pensé en principio que había llegado el orden a uno de los transportes mas caóticos y desorganizado de América; ese instrumento legal, aplicado por un gobierno ético, serio y responsable, pudiera convertir a nuestra amada Quisqueya en la perla de América en materia de organización del transporte; sin embargo, en el mismo gobierno en que se ha creado ese marco regultorio, se han dado cuenta que le saca mas beneficio manteniendo el caos y el desorden.

No es fortuito que la ley haya sido puesta en vigencia sin la debida orientación ciudadana; que se siga renovando la licencia de conducir a personas cuya capacidad apenas les permite conducir una yunta de bueyes en nuestros campos; que a los nuevos conductores se les examine y sólo les indiquen aprenderse las primeras 30 páginas de 163 que en total posee el manual del conductor; que las escuelas de choferes tradicionales sigan operando sin la debida readecuación a la nueva ley, entre tantas debilidades.

Anoche miércoles (22/5/19) como a las 8:00 venía de la capital a mi domicilio en San Juan de la Maguana; en el camino me encontré a dos agentes DIGESETT (anterior AMET) que esperaban una «bola» (transporte gratis), con quienes venía socializando acerca de esta etapa del sistema de transporte; ellos, muy apesadumbrados me decían: «nosotros no podemos hablar, pero esta ley la tiene el Estado para recaudar fondos y no para arreglar el tránsito».

Me contaban esos agentes, que nada ha cambiado de cuando existían los denominados «tráfico casco blanco» a nuestros días; que al igual que a aquellos, sus superiores les imponen una cuota de multas que deben hacer efectiva cada día; que si al final de su jornada laboral no han cumplido esa meta, las faltantes caen sobre conductores inocentes y en el peor de los casos deben buscar en sus archivos de meses anteriores, y tomar los datos de conductores fiscalizados, grabarles nuevas multas hasta agotar la cuota asignada. Esto es altamente preocupante.

Todo lo anterior me conduce a colegir no sólo que estamos frente a un gobierno inepto, sino perverso, indolente, despiadado y patrocinador del caos y el desorden para su propio beneficio. Sin embargo, haría yo un flaco servicio social al identificar un mal tan grave que a todos nos daña, sin que por el mismo canal haya plasmado alternativas que podrían mejorarlo o resolverlo.

Muy contrario al gobierno, que ha decidido beneficiarse del caos en el transporte, pienso al igual que usted que me está leyendo en este momento, que el Estado Dominicano podría utilizar esa gran herramienta para adecentar el tránsito en nuestro país. Bastaría con que se elabore un plan que contenga primero educación vial para conductores y peatones; que se incluya una asignatura de educación vial en el currículo educativo durante la secundaria; que se creen las escuelas de formación del conductor; y que se nos otorgue un plazo de dos años, para que los actuales conductores nos eduquemos y obtengamos la renovación de nuestras licencias conforme a los nuevos estándares.

Si actuasen apegados a esa ley y sus reglamentos; no sólo dentro de los siguientes 2 años el Estado habrá recaudado mas dinero que en toda su historia, sino que tendrá mejores ciudadanos, un tránsito organizado, menos consumo de combustible y mas divisa; pero sobre todas las cosas. No hace falta que timen a la ciudadanía con multas improcedentes; bastaría con el cobro de la revista a todo tipo de vehículo de motor (incluyendo las motocicletas que creen tener mas derecho de uso de vía que los cuatri-gomas) y el monto recibido por concepto de marbetes.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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