La cesantía en el sistema laboral dominicano

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Existe una máxima que reza: «nadie puede prevalecerse de su propia falta». En nuestro vigente ordenamiento jurídico laboral, el legislador sabiamente concibió el auxilio de cesantía (uno de los elementos de lo que popularmente conocemos como «la liquidación» o las «prestaciones laborales»), para que en caso el desahucio o despido sea ejercido por el empleador; el empleado despedido tenga derecho a recibirlo, conforme al tiempo laborado en la empresa. Sin embargo, si por el contrario es el trabajador quien voluntariamente renuncia a su puesto de trabajo,  con ello lo hace también a la cesantía.

«El empleador que ejerza el desahucio debe pagar al trabajador un auxilio de cesantía, cuyo importe se fijará de acuerdo con las reglas siguientes:
1. Después de un trabajo continuo no menor de tres meses ni mayor de seis, una suma de dinero igual a seis días de salario ordinario;
2. Después de un trabajo continuo no menor de seis meses ni mayor de un año, una suma igual a trece días de salario ordinario;
3. Después de un trabajo continuo no menor de un año ni mayor de cinco, una suma igual a veintiún días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado;
4. Después de un trabajo continuo no menor de cinco años, una suma igual a veintitrés días de salario ordinario, por cada año de servicio prestado». Art. 80 Código de Trabajo Dominicano.

En los actuales momentos se debate en nuestro Congreso Nacional, un proyecto de ley para la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y que modifica varios puntos de la Ley 87-01, de Seguridad Social. Con ello pretende crearse el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL), planteada en dicho proyecto de disolución del IDSS y que le otorga funciones para la administración de un fondo destinado a la protección laboral en caso de desempleo o desahucio; lo que llevaría consigo la eliminación de la cesantía del Código de Trabajo.

El sentido de la cesantía es que si de manera unilateral o arbitraria el empleador decide poner fin al contrato de trabajo (despedir al empleado), que éste reciba inmediatamente una proporción de su salario, para que «se mantenga» durante el tiempo que transcurra entre su inesperado despido y encontrar un nuevo trabajo remunerado. De ese modo, los gastos fijos y los compromisos en que contando con su salario había incurrido, no se vean alterados por su imprevista cancelación, ya que conjuntamente con el pago del pre aviso, recibe lo suficiente para seguir su mismo ritmo de vida mientras se dedica a gestionar otro empleo o reorientar su actividad productiva.

La cesantía debería mantenerse en el Código Laboral además de la creación del INARIL, ya que por la burocracia que tendría que agotar el desahuciado para acceder a los fondos asignados por éste, consumiría el tiempo en el que dicho desempleado tendría que cumplir con sus compromisos. Es de justicia social que el desempleado reciba ambas remuneraciones, sobre todo en un país en donde el empleador se hace cada vez mas rico mientras el empleado es mas pobre; y muy pocas empresas erogan a sus trabajadores el bono que les corresponde por los beneficios que obtienen cada año con la fuerza de trabajo de esos empleados.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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