La afrenta del procurador a Miriam Germán

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REPÚBLICA DOMINICANA, 9 de marzo del 2019. La entrevista practicada por el Consejo Nacional de la Magistratura el pasado lunes a la magistrada Miriam Germán Brito, actual jueza de la Suprema Corte de Justicia, y quien aspira a repetir en esa alta corte, ha sido percibida por el país como una afrenta, un “golpe bajo” o una “puñalada trapera”, algo indigno de una dama que de sus 70 años de edad lleva 45 en la administración de justicia, iniciándose como fiscalizadora del juzgado de paz de Santiago de los Caballeros en el año 1974.

En una flagrante violación al artículo 26 de objeciones y reparos de la Ley 138-11 del CNM que establece: “las comunicaciones que se remitan al Consejo como objeción o reparo a un aspirante nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen, deberán estar motivadas y avaladas con las pruebas que respalden cualquier situación imputable al candidato, y solo tendrán la finalidad de contribuir al proceso de toma de decisión por parte del Consejo Nacional de la Magistratura”, cursó la evaluación de la magistrada Germán.

En inobservancia a este mandato contenido en la citada normativa jurídica, el procurador general Jean Alain Rodríguez, con un evidente marcado interés personal o representado, mas que las preguntas propias de evaluación practicadas a cada aspirante, convirtió aquel escenario en un paredón o “encerrona” en donde la juzgadora fue juzgada sin que previamente se le advirtiera que su presencia en ese supremo tribunal no obedecía a conocer de su evaluación de desempeño e intenciones de continuar como jueza de la Suprema, sino que en su condición de tribunal con mayor jerarquía que ella, le iban a conocer un juicio por enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, abuso de autoridad, tráfico de influencia y vínculo con el narcotráfico.

De todos es conocido que el Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por 8 miembros, de los cuales (el voto del presidente de la república, del procurador general, del presidente del senado y del de la cámara de diputados) el gobierno central ostenta la mayoría (en caso de empate, el voto del presidente prevalece). Así las cosas, siendo su interés separar a la magistrada Germán de la Suprema Corte, poseen los votos suficientes para hacerlo en un debido proceso y respeto a la dignidad humana, sin necesidad de convertirse en asesinos de su moral y bien ganado nombre.

En el artículo 181 de la Constitución se establece: “en los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”. Se refiere a la ley 138-11 del CNM, que reza en sus arts. 33 y 34: “Confirmación de los jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura podrá confirmar en sus cargos o no a los miembros de la Suprema Corte de Justicia luego de su debida evaluación de desempeño”.

Conforme a dicho texto legal, “para evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura tomará en consideración lo siguiente: su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados”. Es en este punto donde el procurador general se centró en atacar a la magistrada Germán, con lo que pretende descalificarla para su permanencia en la Suprema.

Según el artículo 19 de la ley del CNM, al referirse a investigación de candidaturas, expresa: “el Consejo Nacional de la Magistratura podrá designar a uno o varios de sus miembros para realizar investigaciones en torno a una o varias candidaturas, las cuales serán respaldadas por un informe que deberá ser rendido en la sesión siguiente”. Cabría preguntarse: ¿fue Jean Alain Rodríguez designado por el CNM para investigar a la magistrada Miriam Germán? evidentemente que no, ya que es el mismo procurador quien ha afirmado que las informaciones colocadas en palestra llegaron hasta él de manera fortuita.

Ponerme a debatir en este escenario que cuando Jean Alain nació ya Miriam Germán era funcionaria judicial, y que mientras él declara hoy una fortuna de 224 millones de pesos a ella le cuestiona la posesión de una casa en San José de Ocoa y el apartamemto donde vive; que el señor Richard Miguel Gloss Ovalles, quien construyó la casa de SJO de la magistrada es un supuesto narcotraficante que se suicidó el pasado 15 de noviembre; que Miriam Germán “abusando” de su jerarquía pretendió que un juez descargara a un imputado; y que mantenga contacto directo con la barra de la defensa de uno de los encartados del caso Odebrecht; no es la esencia de este escrito.

Si mediante el debido proceso, el respeto a la dignidad humana y de los derechos fundamentales, se comprueba que la magistrada Miriam Germán Brito posee vínculos con el crimen organizado, trafica influencia y se ha enriquecido ilícitamente, no sólo deber ser separada de la Suprema Corte de Justicia, sino que se debe crear un precedente y llevarla al banquillo de los acusados. Si por el contrario es la jueza honorable e íntegra que hasta ahora ha evidenciado ser, ahí tiene el Consejo Nacional de la Magistratura a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia; sería lo menos que podrían hacer para resarcir su afrenta a la dama.

Respecto al procurador general, no ha hecho éste (al igual que el aterior) otra cosa mas que poner de relieve y confirmar lo expuesto por la magiatrada Germán de la debilidad de las acusaciones del Ministerio Público respecto a los casos de corrupción que persiguen. El resultado de ello ha sido que los mas relevantes en materia de corrupción, si no se mueren en un “no ha lugar”, los matan en un juicio de fondo. Si no es fortuito, es una fina táctica para salvar a los corruptos favoritos.

El “estado de derecho” del que tanto nos mofamos de presumir y vender al mundo, es algo sólo plasmado en frágiles páginas que ante cualquier inclemencia del tiempo se desvanecen. Lo cierto es que en este país nadie tiene derecho a nada; el espionaje a una jueza de la Suprema Corte de Justicia realizada por el mismo Estado Dominicano sin una orden judicial previa, nos dice que el único salvoconducto que nos garantiza seguridad es profesar simpatía y genuflexión al gobierno de turno; quien esa partitura no tocase, que ponga su barba en remojo.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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