Por un Procurador General de la oposición

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En el año 1968 fue electo como presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Richard Nixon, posteriormente juramentado en enero de 1969. Luego de un exitoso cuatrienio optó por reelegirse en el año 1972, obteniendo un triunfo que ha sido considerado como uno de los más aplastantes en la historia electoral de los Estados Unidos (520/538 votos electorales), derrotando a George McGovern. Desafortunamente para el reelecto presidente, el mismo año de su juramentación se produjo la crisis petrolera; con ella el racionamiento de la gasolina, y continuas revelaciones públicas sobre el famoso Watergate.

El escándalo Watergate fue un acontecimiento surgido a raíz del robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., en donde tenía sus operaciones la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento del gobierno encabezado por Richard Nixon de encubrir a los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso inició una investigación, pero la resistencia del gobierno a colaborar en esta condujo a una crisis institucional.

Las investigaciones llevadas a cabo, arrojaron la vinculación en una gran variedad de actividades clandestinas ilegales de personalidades del gobierno de Nixon. Estas actividades incluían entre otras cosas, el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia, como a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o al Servicio de Impuestos Internos (IRS). En el escándalo involucraron 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas; muchas de ellas habían sido altos funcionarios de la administración Nixon.

La génesis del problema se produce con la detención de cinco hombres por el allanamiento del complejo Watergate del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972. El FBI encontró conexión entre los ladrones y dinero negro utilizado por el Comité para la Reelección del Presidente, la organización de la campaña electoral de Nixon y el Partido Republicano. En julio de 1973, gracias a los testimonios de antiguos funcionarios de Nixon, las investigaciones realizadas por el Comité Watergate del Senado revelaron que el Presidente tenía en sus oficinas un sistema de cintas de grabación y que muchas conversaciones habían sido grabadas. Tras una serie de batallas legales, la Corte Suprema dictaminó a unanimidad que Nixon debía entregar las cintas a los investigadores gubernamentales, a lo que finalmente accedió.

Elliot Richardson, Fiscal General de los Estados Unidos, nombró en mayo de 1973 a Archibald Cox como fiscal especial independiente, luego de haber garantizado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que asignaría un Fiscal Especial para investigar los eventos relacionados con el allanamiento en el edificio Watergate el 17 de junio de 1972. El cargo fue creado como un puesto de carrera reservado en el Departamento de Justicia, lo que significaba que estaba primero bajo la autoridad del Fiscal General, y segundo, el titular no podía ser removido por otra razón que no fuera «por causa justificada» (ejemplo, conducta impropia). En su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense como Fiscal General, Richardson tuvo que dar su promesa explícita de que no usaría su autoridad para despedir al Fiscal Especial del caso Watergate, a menos que fuera «por causa justificada».

Cuando el fiscal Cox emitió un pedimento al Presidente Nixon, para que entregara copias de las conversaciones grabadas en la Oficina Oval, a pesar de la orden al efecto emitida por la Corte Suprema de Justicia, el Presidente se rehusó. Luego de infructuosos intentos de neutralizar al fiscal especial, el sábado 20 de octubre de 1973, el Presidente Nixon ordenó al Fiscal General que despidiera a Cox, Richardson se negó y como señal de protesta por la obstrucción a la justicia, renunció del cargo. Ante tal acción, Nixon le ordenó al Fiscal General Adjunto William Ruckelshaus, en su condición de jefe de Cox (por la ausencia del titular), que despidiera a Cox, a lo cual también se negó y optó por renunciar del cargo antes que dejarse manipular del presidente. Estas renuncias son conocidas en la historia de los Estados Unidos, como “la masacre del sábado por la noche”.

Sintiéndose acorralado, Nixon le ordena al Procurador General, Robert Bork, que despidiera a Cox. A pesar de que Bork más tarde declararía que él creía que la orden de Nixon era válida y apropiada, consideró renunciar para evitar ser «percibido como un hombre que hace lo que el Presidente ordena para conservar su trabajo». A pesar de ello, firmó la carta de cancelación del fiscal especial Cox. El 14 de noviembre de 1973, el juez federal de Distrito Gerhard A. Gesell falló que el despido de Cox fue ilegal, en ausencia de pruebas de conducta impropia extraordinaria como se encontraba especificado en la regulación que establecía la oficina del fiscal especial. El Congreso se enfureció por la situación, la cual fue vista como un grave abuso del poder presidencial.

Finalmente, el 9 de agosto de 1974, ante una inminente destitución, Richard Nixon entrega el ejecutivo a su vicepresidente Gerald Ford, momento histórico en que ha sido la única vez desde su fundación, que asumen la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos, dos ciudadanos sin que haya ninguno de ellos participado en las elecciones pasadas. Gerald Ford, fue designado vicepresidente, tras la renuncia del compañero de boleta de Nixon, Spiro Agnew en 1973. Ya como presidente, ante la vacante de la vice, designa al empresario Nelson Rockefeller como su vicepresidente.

Estos acontecimientos nos conducen a razonar que se hace necesario para castigar la corrupción al mas alto nivel, un país con instituciones fuertes, en donde sus protagonistas no se dejen manipular del presidente y su anillo de poder, o un Ministerio Público con total y absoluta independencia de accionar, que pueda en cualquier escenario enfrentar a los administradores del erario, sin temor a represalias.

Si los jueces de las Altas Cortes son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, y éste a su vez está conformado por: 1) El Presidente de la República, quien lo presidirá y, en su ausencia, por el Vicepresidente de la República; 2) El Presidente del Senado; 3) Un senador o senadora escogido por el senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría; 4) El Presidente de la Cámara de Diputados; 5) Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría; 6) El Presidente de la Suprema Corte de Justicia; 7) Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de secretario; 8) El Procurador General de la República.

De esos ocho miembros, al menos 4 son afines al presidente de la República, cuyo voto prevalece ante un eventual empate. (El presidente, el Procurador General, un senador y un diputado). Así las cosas, los jueces seleccionados estarán siempre comprometidos con el presidente de la República; mismos que al cesar de sus funciones terminan buscando el lado del amo que les dio de comer. Ejemplo de ello es: un ex presidente del Tribunal Superior Administrativo y un ex juez del Superior Electoral que hoy son protagonistas de la campaña de un ex presidente de la República que aspira a llegar nueva vez a esa posición. En este modelo, el Presidente se asegura también del voto del presidente de la Suprema Corte, así como del juez por ésta designado para que sea miembro del Consejo.

Si por el contrario, el Procurador General de la República fuese una figura adversaria al gobierno, la línea presidencial sólo tendría asegurado en el Consejo Nacional de la Magistratura, 3 votos (el Presidente de la República, un senador y un diputado); los dos jueces de la Suprema Corte dejarían de ser sus parciales, ya que su designación no se la deben al principal inquilino de la casa rosada. De ese modo, con absoluta independencia de las Altas Cortes y un Ministerio Público opositor, se cierran las puertas de la corrupción gubernamental y su posterior impunidad, porque se establecería un régimen de consecuencias que ningún funcionario querrá vivir. Es por ello, que abogo por un Procurador General de la República que sea de la oposición al gobierno de turno.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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