Plan para sacar de las calles las armas ilegales

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En la República Dominicana, nos encontramos a diario con sucesos que involucran armas de fuego, las cuales son indebidamente portadas y/o tenidas  por la ciudadanía. Lo primero es que una persona menor de 30 años de edad, no está autorizada a tener o portar un arma de fuego; y aquellos que la tengan, aún con una licencia, es ilegal, ya que la misma no podrá serle renovada. El principal problema es que esas armas están en las calles y las autoridades son irresponsables al no crear políticas de estado para liberar nuestro ambiente de ese mal que tantas vidas nos cobra al año.

En nuestro país, la ley que regula la comercialización, porte y tenencia de armas de fuego, es la 631-16; y establece que el porte de armas tendrá un carácter excepcional y sólo serán autorizadas  a  portar armas las personas que puedan demostrar de manera fehaciente que están expuestas a riesgos extraordinarios o extremos. El porte y/o tenencia de arma ilegal de uso civil, conlleva prisión de dos a cinco años, la confiscación del arma de fuego; y una multa que oscila entre 25 hasta 50 salarios mínimos del sector oficial; es decir, de RD$128,000 a RD$256,000.

Conforme a la ley vigente, no están aptos para portar o tener armas de fuego: los extranjeros no residentes en la República Dominicana; los naturalizados que hayan renunciado a la nacionalidad dominicana; los menores de treinta (30) años de edad; toda persona en contra de quien exista una orden de alejamiento o restricción; a quien tenga medida de coerción que involucre una sanción de un año de prisión o más; quien haya sido condenado por infracciones contenidas en esta ley o en cualquier otra y que conlleven pena de más de un año de prisión.

Igualmente es inelegible alguien sobre quien pese una orden de arresto pendiente de ejecución o haya sido declarado rebelde de la justicia; quien esté en tratamiento por adicción a sustancias controladas o alcohol en los últimos cuatro años; toda persona sujeta a internamiento en centro de atención psiquiátrica o que habitualmente esté bajo tratamiento farmacológico que pueda limitar su razonamiento; quien haya aportado información falsa en su solicitud al MIP o no haya aportado información necesaria requerida; los exmiembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional dados de baja de forma deshonrosa; aquellas personas que al momento de presentarse a formalizar su solicitud inicial o renovación, ante los ojos del oficial público encargado de recibirla, se muestren incoherentes (sujeto a investigación).
Así las cosas, para limpiar nuestras calles de armas de fuego ilegales, aprovecharemos este medio para aportarle al gobierno un plan, que de ser aplicado con seriedad garantiza que en menos de 24 meses nuestras calles estarán limpias de armas de fuego ilegales. Una vez logrado ese objetivo, difícil sería que alguien se involucre en la manipulación de este tipo de herramientas, ya que no valdría la pena siquiera intentarlo.
PLAN PARA SACAR DE LAS CALLES LAS ARMAS ILEGALES
1.- Que el Ministerio de Interior y Policía (MIP), otorgue una amnistía o gracia de 30 días para que todo el mayor de 30 años que tenga licencia vencida por uno o mas años, se ponga al día pagando sólo un año de renovación; que quien tenga en su poder un arma de fuego ilegal, y cumpla con los requisitos para porte y tenencia de la misma, que se le legalice pagando los impuestos equivalentes a un año de renovación.
2.- Que vencida la gracia de los 30 días para que todo el que deseara poner al día su permiso lo hiciera, habilitar un espacio en todas las gobernaciones del país durante 30 días mas, implementando el programa “cambio de armas de fuego por un libro”, en el que se le dará la oportunidad a todo aquel que por alguna razón no pudo obtener la licencia de porte y/o tenencia, que se deshaga del arma, sin que ello le provoque acción legal alguna en su contra, por tratarse de un desprendimiento voluntario.
3.- Que vencidos los 30 días del programa “cambio de arma de fuego por un libro”, se implemente el programa “Denúncialo y gana”, que consiste en que el Estado Dominicano otorgue una gratificación de RD$25,000.00 a sus ciudadanos, por denunciar a cada persona que conozcan tenga en su poder algún arma de fuego ilegal; este sería un excelente negocio para el Estado, porque estaría cobrándole 128 mil al infractor y sólo pagaría una comisión de 25 mil pesos a quien haya ayudado a identificarlo. Cumplidos los primeros 6 meses del programa, la gratificación se elevaría a RD$50,000.00 y dejarla así por tiempo indefinido.
Con este último programa, estoy seguro que hasta las esposas no muy “puras” denunciarían a sus parejas con tal de conseguir los RD$50 mil de la gratificación. Ninguna persona se aventuraría a comprar un arma de fuego ilegal, porque el principal tentado a denunciarlo sería el mismo que se la venda. Si nuestras calles están libres de armas de fuego ilegales y quienes legalmente las portan son personas mayores de 30 años, sensatas y bien depuradas, tendremos una población civil armada mas responsable y menos violencia en la sociedad. Pero hay un problema, esta medida sería anti popular y no suma votos. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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