La Legítima Defensa en la República Dominicana

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Ante la constante amenaza que se vive en República Dominicana de ser víctimas de facinerosos que día a día surcan nuestros caminos, se hace necesario conocer una figura contemplada en nuestra normativa penal, – que algunas veces es erroneamente invocada hasta por “duchos juristas” – para evitar que por ignorancia incurramos en un homicidio disfrazado del traje de la “Legítima Defensa”. Es por ello, que con la venia de los togados nos permitimos la osadía de enfocar un tema tan trascendental como delicado en nuestro accionar.

En este país es amplia la doctrina como extensa la jurisprudencia que versa sobre la “Legítima Defensa”, la cual suele ir en maridaje con la legislación francesa. El Código Francés estableció: “En caso de homicidio legitimo nunca existe crimen y no ha lugar a pronunciar pena alguna ni tampoco ninguna condenación civil”. El articulo 6 establecía: “El homicidio se comete legítimamente cuando está indispensablemente impuesto por la necesidad actual de la Legítima Defensa de si mismo o de otro”. Este último, es el que se consigna en los artículos 328 y 329 de nuestro Código Penal.

Al respecto entendemos que el presente escrito expone de manera tangencial, pero precisa lo que es la Legítima Defensa en República Dominicana, y las acciones que de ella pueden resultar. También es importante destacar que se establece que la necesidad de Legítima Defensa no sólo puede ser a favor de si mismo, sino también de otro sujeto cuya vida se encuentre amenazada en el momento, por acciones de terceros; importante aclararación, toda vez que son múltiples las acciones (especialmente cuando se acude en socorro de personas en situación de peligro) que pueden provocar la acción en defensa a favor de otra persona.

El concepto de “necesidad actual” se define como: “Se reputan necesidad actual de legítima defensa, los casos siguientes: 1-cuando se comete homicidio o se infieren heridas, o se den golpes rechazando de noche el escalamiento o rompimiento de casa, paredes o cercas, o la fractura de puertas o entradas de lugares habitados, sus viviendas o dependencias; 2-cuando el hecho se ejecuta en defensa de la agresión de los autores del robo o pillaje cometidos con violencias”.

Del anterior concepto podemos colegir razonablemente que debe producirse como condición sine qua non para que en un homicidio pueda ser invocada la legítima defensa, que se haya cometido en horas de la noche; y que sea en el momento preciso de la agresión. Es oportuno citar tres ejemplos: a) un general retirado que fue asaltado en la galería de su casa y le ocasionó la muerte a su agresor; b) un joven que accede a una bodega en El Bronx, EE.UU y es perseguido por unos pandilleros que le ocasionan la muerte; y c) un profesor que fue ultimado al tratar de defender a un amigo que era atacado por facinerosos.

En el caso del General retirado, existen versiones encontradas entre honorables jurisconsultos a los que hemos contactado; algunos alegan que no podría alegarse legítima defensa, porque hubo un tiempo entre la presencia del antisocial, entrar a buscar su arma de fuego y dispararle en las afueras de la casa; si su agresor estaba afuera, su vida no corría ningún peligro. Otros opinan que sí actuó bajo Legítima Defensa, toda vez que el “tunante” saltó el verjado y propinó un golpe al General, lo que produjo su inmediata persecución. Si los primeros tuviesen razón, es evidente que este caso tendría que ser tipificado como un homicidio voluntario y no que sea excusable conforme contempla la legítima defensa esgrimida por los segundos.

“Él es otro asesino”, dice Leandra Feliz, madre de Junior Guzmán Feliz, al referirse al dueño de la bodega en donde atacaron a su hijo. Ella dentro de su dolor de madre expresa que el bodeguero no hizo nada y permitió que mataran a su hijo en sus narices. Si es cierto que todo sujeto está obligado a repeler una agresión que ponga en peligro la vida de un tercero, no menos cierto es que ello dependerá del nivel de peligro que pueda correr su propia vida. Si los pandilleros hubiesen estado desarmados, o sus armas hubiesen sido palos o similares, y el bodeguero tener un arma de fuego en su negocio, éste debía accionar para repeler a los pandilleros, pero si ellos hubiesen portado armas similares, hubiese sido una imprudencia enfrentarlos.

En el tercer caso referente al profesor, basta con decir que fue muerto por la misma razón que el bodeguero salvó su vida. Al percatarse los delincuentes que éste les venía encima a defender a su amigo, le dispararon provocando su inmediata muerte. Una persona desarmada enfrentar a delincuentes armados es un suicidio seguro. En el caso contrario, es de rigor aclarar que para que pueda invocarse la legítima defensa, debe existir necesariamente una proporcionalidad en las armas entre el agresor y el homicida. No debe un ciudadano con un arma de fuego disparar a matar a un sujeto con un palo o un puñal que se encuentra distante a 20 metros de él e invocar a su favor la “legítima defensa”.

Si usted porta un arma de fuego, alguien le provoca, procure mantenerse alejado de esa persona si se hace obligatorio su permanencia en el lugar; quien con un palo le provoca, mantenga la distancia de manera que no pueda atacarle; y si necesario fuese correr de esa persona, huya tanto como le sea posible evitar ser atacado o que tenga que quitarle la vida. Usted podrá alegar en un tribunal que actuó bajo la “Necesidad actual de Legítima Defensa”, pero no olvide que del otro lado hay un Ministerio Público y una barra acusadora que hará hasta lo imposible para demostrar que fue un homicidio voluntario.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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