Una ley de lavado de activos que ahuyenta la inversión

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En el lenguaje coloquial de República Dominicana se ha enquistado una famosa frase expresada entre empresarios, deportistas, abogados, políticos y demás. Tanto ha calado que el ilustre Prof. Juan Bosch la citó en varias de sus alocuciones públicas. Se trata de: “hizo como Chacumbele, que él mismo se mató”, para referirse a una acción realizada por alguien que al final termina perjudicándole con la misma.

Digo esto, porque el pasado 31 mayo del 2017, el presidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, sustituyendo y derogando la Ley 72-02 que regulaba tales acciones, la cual, si es cierto era mucho mas débil que la recién creada, no menos cierto es que fue un instrumento legal subutilizado por nuestras autoridades para perseguir el lavado de activos.

Algunas veces pienso que cuando el Presidente o un legislador dominicano se van de vacaciones o francachela a algún país, observan en este algún sistema operativo basado en un ordenamiento jurídico que le hace ver eficiente, y sin importar que aquel país tenga situaciones y características muy diferentes al nuestro, sin medir consecuencias dicen: “yo quiero implementar esto en mi país”.

Esta nueva ley contra el lavado de activos estaría perfecta y caería como anillo al dedo a países con una economía rozagante y no en esta aldea en donde algunas veces no somos capaces siquiera de tomar una decisión patriótica por temor a alejar la inversión extranjera; en un país en donde sus habitantes tengan alto poder de inversión y no en esta selva de beneficencia en donde mas del 75% de la población su única esperanza es recibir una “botellita” del gobierno.

Conforme al nuevo texto legal, se prohíbe a toda persona física aceptar el pago de operaciones comerciales mediante dinero efectivo, por un monto superior a RD$1,000,000.00 si se trata de derechos sobre inmuebles; de RD$500,000.00 si se trata de vehículos de motor; y RD$250,000.00 si se trata de acciones o partes sociales de empresas. Eso quiere decir que cualquier inmueble que se venda cuyo precio sea mayor de un millón, se hace obligatorio su pago sea realizado mediante un instrumento financiero, no en efectivo.

A todas luces esta ley es promulgada en inobservancia y desapego a la Constitución Dominicana, ya que según esta, “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”, artículo 51. De igual modo, “Fuerza legal y liberatoria de la unidad monetaria. Sólo tendrán circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos y las monedas acuñadas por el Banco Central, bajo la garantía ilimitada del Estado y en las proporciones y condiciones que señale la ley”, artículo 230 de la Constitución.

Es evidente que a la moneda dominicana se le está limitando ese poder de “este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas”, ya que quien lo posea no podrá realizar con él ciertas operaciones comerciales (aun siendo obtenido con todas las acciones legales); pero tampoco se tiene el supremo derecho constitucional de disposición de nuestros bienes, ya que se hace obligatorio avalar dicha operación con el medio de pago.

Con este ordenamiento jurídico, el Estado Dominicano ha hecho como Chacumbele, con tantas restricciones en la ley contra lavado de activos; toda vez que hace a nuestro país mucho menos atractivo para la inversión extranjera. No se trata de convertirnos en un paraíso fiscal, pero entiendo que lanzar piedras al aire cuando se tiene techo de cristal no es lo mas conveniente ni para el país ni para sus ciudadanos. Como diría un buen dominicano: “ni tanto huele la flor”.

La promulgación de la temeraria ley contra lavado de activos, nos hace retroceder a los años anteriores al 1869, fecha en que se establece la primera institución bancaria en la República Dominicana, el Banco Nacional de Santo Domingo, creado en virtud de una concesión otorgada por el Presidente Buenaventura Báez. Hasta esa fecha, los ciudadanos que lograban excedentes de sus finanzas, se auxiliaban de un tinaco de barro y lo enterraban en algún lugar sólo conocido por uno o dos. Ese era su banco.

Ayer la gente lo hacía por la falta de un sistema financiero; hoy nos obligaremos a hacerlo por la imposición de una ley enlatada, propuesta por algún romántico que en alguno de sus viajes al exterior la vio en funcionamiento en alguna nación que sí está a la altura de la misma. Esas son de las cosas que nos ocurren por llevar al congreso nacional a una serie de personajes que lo único que son capaces es de levantar su mano y decir: “yo corroboro”.

Tendremos que apelar al Art.1134 de nuestro Código Civil, que establece: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por las causas que estén autorizadas por la ley”. En ese sentido, si lo que la ley no prohíbe, lo permite;  cualquier compra de inmuebles que se haga en nuestro país, tendríamos que figurar en el precio una cantidad no mayor a novecientos mil pesos. Si eso fuese lo estipulado por las partes, se reviste con fuerza de ley.

Si en este país existiese un organismo fiscalizador descentralizado, mas una DGII que no dependa de un decreto del Poder Ejecutivo, habría que construir una cárcel especial para mas del 90% de los Senadores y Diputados, con activos en especie y naturaleza a nombre suyos y de terceros, que no tienen manera para justificarlos. El que tenga ojos para ver, que vea; oído por oír, que oiga; yo por mi lado, me evito el infarto que me produciría quedarme callado.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Realtor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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