Los traviesos de Odebrecht, mejor sueltos y presos que presos y sueltos

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En vez de ignorancia debe cambiarse el término a “ignorancía” y denominarla madre de todas las ciencias. Hay una frase de Salomón que dice: “El ignorante, si calla, será tenido por erudito; y pasará por sabio si no abre los labios”. Cuando ignoramos algo es mejor escuchar a los demás y alimentar nuestro acervo para futuras intervenciones. Ello así, porque las redes sociales se han desbordado de maldiciones a la decisión del magistrado Francisco Ortega de variar la medida de coerción a los imputados Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quienes guardaban prisión mas por la presión popular que por válidos argumentos jurídicos.

Cuando a alguien se le imputa la autoría de un hecho sancionado por las leyes penales, se presume su inocencia por encima de todas las evidencias; sólo una sentencia irrevocable tiene la fuerza para quebrantar ese blindaje del que está revestido todo dominicano. Hay un principio jurídico que dice: “es mejor otorgar la libertad a un culpable antes que condenar a un inocente”. A pesar de eso, hay muchos inocentes guardando prisión como culpables en las calles.

Desde que se conoció el caso Odebrecht, mismo que parecería el alpha o la génesis de la corrupción en nuestro país, nos volvimos locos pidiendo cárcel para los involucrados. Poco nos importan sus familiares (padres, hermanos, esposas, hijos, nietos, etc.), la manera de saciar el hambre que tenemos en una cabeza que mas que neuronas parecería poseer una esponja para absorber todo fluido que cerca de ella se derrama. Nos olvidamos de la vieja frase de Olivorio Mateo “no son todos los que están ni están todos los que son”. Ahí en ese grupo podría haber inocentes; pero fuera de él hay culpables que no han sido imputados.

El éxito de la anti droga estadounidense Drug Enforcement Agency (DEA) en su lucha contra el narcotráfico no reside en cuando da un palo y atrapa a un “peje” gordo para refundirlo en la cárcel. Sabe usted por qué? Porque su interés no es tener gente en prisión consumiendo el presupuesto del Estado, sino desarticular la red que le comercializa la droga. Es por ello que a cambio de informaciones que delaten a los demás integrantes, reducen penas, convierten en testigos protegidos y otras facilidades a los “colaboradores”. Es por eso que personas que usted pensaría se podrirían en una cárcel gringa, hoy circulan por las calles de nuestro país.

La decisión del magistrado Francisco Ortega de dictar prisión preventiva en contra de todos esos imputados obedeció a la presión popular y mediática. Esa es la mas gravosa de todas las medidas, misma que no se combina con ninguna de las demás. Sin embargo, si realmente se desea administrar justicia y garantizar la restitución de lo que sustrajo, arraigo mas que suficiente poseen los imputados para no sustraerse del proceso que se les sigue. Lo que el magistrado Ortega hizo ayer es lo que debió hacer desde el primer momento; que el Ministerio Público como ente acusador reúna todas las pruebas que comprometen la responsabilidad penal de los imputados, y que en un juicio al fondo al que sea inocente lo dejen en su casa y al que sea culpable lo manden a la cárcel.

Se ha puesto de moda en la Procuraduría General de la República estar acusando personas que culpables o inocentes, al final nos deja un sabor amargo el desenlace, porque con su afán de buscar luces, cámaras y sonido, sancochan un expediente, no lo instrumentan debidamente, no aportan las pruebas correspondientes a lo que pretenden sea juzgado, y al final dejan mal parado al juez ya que a éste no le queda otra alternativa que disponer la absolución del imputado, quedando como el feo de la película y los ineptos del Ministerio Público como los héroes.

Es tiempo de madurar como seres humanos pensantes, no es bueno caminar por la vida repitiendo como papagayo todo lo que otros dicen. Los culpables del caso Odebrecht deben pagar, que les decomisen todos los bienes que no puedan justificar, sean o no obtenidos con ese dinero; que les canten la pena máxima para ese delito; pero que cuiden el debido proceso y la tutela judicial efectiva, para que la sentencia producida no sea vulnerable pero mucho menos cuestionable.

 

 

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Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Constructor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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