La pifia del Procurador General en el caso Odebrecht

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Cuenta la leyenda que cuando una persona muy rica visita a un médico muy bueno, éste aún conociendo la solución al problema de salud del que padece, no lo cura inmediatamente, sino que lo mantiene sanándolo lentamente para justificar honorarios. Parecería no ser diferente con algunos togados; un buen abogado con un imputado muy rico, pudiendo aprovechar los errores procesales y obtener su libertad (al menos hasta que se conozca el fondo), prefiere mantenerlo en prisión para justificar su factura.

Aunque no soy profesional del derecho, pude observar una defensa muy pobre de los representantes legales de los procesados; daba la sensación de que estaban conociendo el fondo del proceso, cuando en realidad en lo que debieron centrarse fue en el arraigo de todos los procesados para evitarles la más gravosa de las medidas de coerción que es la prisión preventiva; pudiendo inclusive lograr se combinen todas las demás. Cabe recordar que no es precisamente por pobres que se está procesando a esos ciudadanos.

El Procurador General de la República, aunque muchos traten de decir lo contrario, no es más que una estampa del palacio para los fines que convenga al príncipe autor de decretos. A diferencia del magistrado Ortega, quien se ha manejado a la altura de las circunstancias, el jefe del Ministerio Público cada vez que avanza un paso, más se hunde y pone de manifiesto su incapacidad e inexperiencia para dirigir ese órgano del sistema de justicia.

Han sido garrafales e imperdonables los errores que en el caso Odebrecht ha cometido el Procurador General Jean Alain Rodríguez. Su afán de actuar bajo las directrices y cobija del presidente, haciéndose con él el gracioso, pero sin calentarse con un Movimiento verde, sediento y hambriento de justicia pero harto de la corrupción y la impunidad imperante en el país desde hace más de un centenar de años, nos lleva a colegir que si así está la cabeza del Ministerio Público, no quisiera imaginarme a nidel de Distritos Judiciales cómo andará la cosa.

Angel Rondón, el hombre del maletín que declaró recibir más de 4 mil millones de pesos de honorarios, el hombre más rico del país, enviado a La Victoria a cumplir un año preventivo

Si es cierto que todos deseamos que los implicados en el caso Odebrecht, imputados actuales o futuros, desde el mas humilde ciudadano hasta el mas encumbrado, sean procesados y condenados; no menos cierto es que queremos no sea festinado ni sancochado el proceso, sino por el contrario, que sea respetada
la tutela judicial efectiva y el debido proceso que consagra nuestra Constitución.

El Procurador General, perturbado tal vez por la presión social, solicitó a vapor al magistrado Francisco Ortega, juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para instruir el expediente, la autorización para apresar a los 14 ciudadanos que presuntamente están vinculados al caso; sin embargo, el juez, conocedor de las normas procesales, le concedió tal autorización, excluyendo de la misma a tres legisladores actuales blindados por la inmunidad parlamentaria que les confiere la Constitución.

La resolución No.0037 del 26 de mayo del 20017, emitida por el magistrado Francisco Ortega, advierte al Ministerio Público que en la realización de sus diligencias debe dar estricto cumplimiento a la Constitución de la República y específicamente al art. 95 del Código Procesal Penal. Parece que el Procurador no se detuvo a leer el numeral 8 del mismo, que respecto a uno de los derechos del imputado expresa: “No ser presentado ante los medios de comunicación o ante la comunidad en forma que dañe su reputación o lo exponga al peligro”.

El Procurador (que no es un magistrado) hizo todo lo contrario solo para alimentar el morbo de los que como Papagallos solo repiten lo que escuchan, orquestó un show mediático en donde una batería de periodistas y camarógrafos fueron parte del equipo que fue a detener a los imputados en los lugares en donde se encontraban, acompañándolos hasta la cárcel del Palacio de Justicia y posteriormente hasta la Suprema Corte. Acto seguido se mofó de su gran hazaña convocando una rueda de prensa. -Pero por Dios, qué es esto?

Esos ciudadanos de quienes se ordenó su apresamiento, una vez fueron presentados ante el juez que instruye el caso, debieron ser puestos inmediatamente en libertad a petición suya y/o de sus abogados, toda vez que su apresamiento fue ilegal. “Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada” Art.73 de la Constitución.

Los legisladores Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín, para quienes el Procurador pretendía orden de arresto con la legislatura actual abierta

Ese mismo Procurador se extra limita a solicitar al Senado para que retire la inmunidad a los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, lo mismo que a la Cámara de Diputados al opositor Alfredo Pacheco. -Quién le dijo al Procurador que él tiene competencia para solicitar al congreso el despojo de la inmunidad a un legislador? Es todo lo contrario, un senador o diputado puede requerirle al Procurador General la puesta inmediata en libertad de uno de sus compañeros que haya sido privado de ella durante la legislatura; y si este se negara puede el legislador ordenarlo directamente, conforme al art.86 de la Constitución.

La solicitud del despojo de la inmunidad parlamentaria del legislador solo puede ser realizada por la autoridad judicial competente. El Procurador General de la República es el jefe del Ministerio Público, no es una autoridad judicial. Según el artículo 149 de nuestra Carta Magna, “Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes”.

De igual modo reza el 152 acerca de su conformación: “Integración. La Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Estará integrada por no menos de dieciséis jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización. Estará dividida en salas, de conformidad con la ley”.

De todo lo anterior se desprende que el Procurador debió solicitar al magistrado Ortega el pedimento al congreso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de esos legisladores y no hacerlo directamente como ocurrió, usurpando con ello una autoridad ajena a su jurisdicción, lo que hace nulo de pleno derecho todo lo que de ello se deriva. El magistrado, sin embargo, no pudiera fallar o resolutar extrapetita, una acción que debió tener en cuenta la defensa de los imputados como la pifia para enviarlos a sus hogares.

No hace falta irnos muy lejos en nuestra historia para recordar el funesto y letal a nuestra economía como el “hoyo de Baninter”; la Procuraduría se tomó su tiempo en la investigación y sus autores materiales e intelectuales no fueron a prisión, sino a partir de haberse conocido el fondo del proceso.

Autor

Cristian Hidalgo
Cristian Hidalgo

Escritor, Ingeniero Civil de profesión y Constructor de oficio. Desarrollador de proyectos inmobiliarios, Asesor de Fideicomisos, Ley 189-11

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